Por Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Quizá muchos ya no recuerden el caso del campesino Nicomedes Chan Uc, vecino de Citilcum, Izamal, quien fuera literalmente momificado para “acreditar” graves lesiones después de la gresca que se suscitó en la Plaza Grande el 25 de junio de 1992.
Las “lesiones” de Chan Uc eran la “prueba” para mantener presos a otros campesinos que protestaron frente al Palacio de Gobierno contra la liquidación henequenera.
Para “justificar” el desalojo, el Poder Ejecutivo usó a campesinos de la CNC a quienes confrontó con el grupo que estaba protestando. Desde luego la policía estuvo del lado de los oficialistas ¿Se acuerdan de la foto del comandante Barraza ayudando a volcar un automóvil?
Después de varios años, quedó claro que Chan Uc fue un asunto de manipulación ya que jamás tuvo las lesiones asentadas en el expediente penal, como lo consignó el Diario en su oportunidad. Este caso, sólo por mencionar uno, tiene muchas similitudes con otros que actualmente se están suscitando de nuevo en Yucatán.
Caso Huracán Dean. De manera inexplicable el Poder Ejecutivo insiste en su postura de que el huracán Dean dejó daños por más de $355 millones en más de 50 municipios con la intención de obtener recursos del fondo de desastres, afirmación muy distante de la realidad.
Para “sustentar” esta afirmación oficial, el Poder Ejecutivo usó a alcaldes para que documentaran las necesidades que hay sus municipios que, desde luego, son muchísimas, pero que no tienen relación alguna como el paso del meteoro. En amplio reportaje, el propio Diario confirmó este intento de manipulación, ya que los “daños” a carreteras y casas simplemente no existieron, y que los daños a las milpas fueron una prolongada sequía.
Caso Sotuta. A pesar de la grave situación que se presentó en ese municipio en donde una turba de priístas dañó 11 vehículos destinados al servicio público y otros bienes municipales, lejos de actuar contra los responsables el Poder Ejecutivo se limita a decir que es un caso politizado.
Para “justificar” ese acto de barbarie el Poder Ejecutivo afirma que el alcalde tiene la culpa por no escuchar a los ciudadanos. Llama la atención la declaración oficial de que los panistas “sólo están tratando de inculpar algo donde no hay nada que inculpar”, con lo que ya se anticipa la impunidad.
Caso Diconsa. Primero se acusa a la dependencia de haber enviado alimentos caducos, afirmación que con documentos ha sido desmentida por la dependencia.
Para “justificar” la gravedad de este caso se inventa que 80 niños resultaron intoxicados por la ingestión de esos alimentos, situación que ya fue desmentida de manera contundente por las propias madres de familia y por autoridades del IMSS de ese municipio.
Caso de la ambulancia perdida en una apuesta. Primero se declara que hay una apuesta de por medio y que, si se ganaba, se pediría una ambulancia como las que se usan en el programa 911.
Para “justificar” ese acto poco serio, se dijo que la apuesta consistió en que cada gobernador compraría una ambulancia para su estado ¿es esto una apuesta? Una vez más, como en los casos anteriores casos, esta situación fue desmentida por el gobernador de Nuevo León quien, en declaración al Diario, confirmó que había ganado esa apuesta y que exigiría su cumplimiento. Gracias al Diario seguimos haciendo historia.
Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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