jueves, 27 de diciembre de 2007

¿Y la transparencia?

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Ausencia en el papel y en los hechos

Cosas curiosas con las que uno se encuentra. Buscaba entre los ofrecimientos formulados en el discurso de toma de posesión de la actual titular del Poder Ejecutivo el tema relacionado con la transparencia.

Para mayor facilidad y haciendo uso de la tecnología, copié el texto completo -que está en la Internet- y luego lo pegué en un documento de Word con la intención de hacer una búsqueda rápida de palabras. Por si no lo sabía, apretando las teclas Control + B de modo simultáneo el programa de Microsoft Word permite hallar con facilidad cualquier vocablo.

El término clave era “transparencia”. Inicié la búsqueda y el programa me respondió en un cuadro lo siguiente: “Word llegó al final del documento. No encontró el elemento buscado ¿Desea continuar buscando desde el principio?”. Hice clic en “Si”, pues no creí que esa palabra no estuviera en el documento, pero ocurrió lo mismo. Hice un tercero, cuarto y quinto intentos y no, no se trataba de un error. La palabra transparencia estuvo ausente en el discurso de posicionamiento.

Se me ocurrió buscar una palabra similar y tecleé “transparente”. Entonces el sistema me llevó a la décima línea del referido posicionamiento político que dice: “Ofrezco un ejercicio del poder que sea realista, prudente y transparente”.

El sistema te da la posibilidad de seguir buscando la misma palabra entre todo el texto con solo hacer clic en la opción “Buscar siguiente”, Pero al intentar seguir hallando la misma palabra apareció un nuevo cuadro que decía: “Word terminó de buscar en documento”. Es decir, la búsqueda terminó y sólo una vez apareció la palabra “transparente”

Al analizar las propiedades del documento, se informa que contiene 13 páginas, 294 párrafos, 430 líneas y 5,020 palabras. Mi duda es ¿Cómo es posible que la palabra transparencia no esté en las más de 5,000 de ese documento?

La única palabra “transparente” aparece en una sola línea como una simple mención, de modo que no existe apartado alguno en todo el discurso en donde se puntualice el tema de la transparencia.

¿Así de importante es la transparencia para esta administración? ¿Fue un mensaje oculto para los yucatecos? Pero más allá del error de no incluir la palabra o el tema en el discurso, la ausencia de la transparencia se refleja ahora en los hechos.

Recordemos los casos de las camionetas del Congreso y de Sotuta que hasta el día de hoy no han sido aclarados. Transparencia ausente.

También quedaron al aire las preguntas hechas en torno al millonario donativo (de más de $1.8 millones) hecho a la campaña de Roberto Madrazo Pintado? ¿Quiénes fueron los donantes y de dónde salió tanto dinero? Transparencia ausente.

El ex gobernador pidió al Poder Ejecutivo que haga públicas las escrituras y facturas relacionadas con el caso de la Cousey para que la sociedad sepa quién miente y quién dice la verdad. La respuesta fue con declaraciones no con hechos. Transparencia ausente.

Ya son recurrentes los casos de ocultamiento y los “madruguetes” como preámbulo para la imposición en asuntos importantes como ocurrió con los nombramientos de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. Transparencia ausente. El no haber incluido la palabra transparencia en un discurso podría ser ser soslayable si en el actuar se demostraba lo contrario, pero los hechos, cinco meses después, hablan por sí solos.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

jueves, 20 de diciembre de 2007

Asistencialismo v.s. políticas públicas

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

No regales un pez, enseña a pescar

La misión o razón de ser de todo gobierno es la de resolver o prevenir problemas trascendentales y urgentes de la sociedad como la pobreza, el desempleo, la marginación a los servicios y la inseguridad, entre otros.

Para lograrlo es necesaria la implementación de políticas públicas. Es por ello que las preguntas centrales en torno a éstas son: ¿Qué producen quienes nos gobiernan? ¿Para lograr qué resultados? ¿A través de qué medios? El gobierno tiene la obligación de dar solución a problemas que surjan en la sociedad mediante la implementación de políticas públicas, y si opta por no dar solución a problemas reales, entonces no está cumpliendo con su función primordial.

Aunque ambas son acciones de gobierno, existen enormes diferencias entre una política pública y una ocurrencia gubernamental que puede tener o no fines clientelares. La política pública conlleva una metodología. La ocurrencia no. Carlos Ruiz Sánchez en su Manual para la elaboración de políticas públicas estipula seis pasos: 1. Identificar los problemas, 2. Percibir la problemática actual o futura, 3. Seleccionar soluciones, 4. Establecer metas, 5. Seleccionar los medios, y 6. Implementarla.

En las políticas públicas la solución de los problemas debe tener diversas caras; por tanto, se deben considerar la mayor parte de las opciones para descartar y/o para seleccionar las más viables. La ocurrencia no requiere de este ejercicio y si es clientelar el único impacto deseado es conseguir adhesiones electorales.

En la elaboración de las políticas públicas intervienen tanto instituciones como individuos. Las instituciones vienen a ser las reglas del juego en una sociedad. Las organizaciones son los jugadores, los participantes que dan vida a las instituciones. En la ocurrencia basta la decisión unilateral del gobernante en turno.

La política pública requiere de una proyección de resultados de beneficio social. La ocurrencia ni lo toma en cuenta y si es clientelista sólo busca votos por compromiso. ¿A cuánta gente beneficiará una acción de gobierno? ¿A toda una sociedad o sólo a un grupo? ¿Realmente conlleva la solución de un problema, acrecienta otro que ya existe y simplemente no resuelve nada? ¿Es una inversión o es un gasto de dinero? Las políticas públicas buscan el máximo beneficio con el menor costo.

En la implementación de las políticas públicas en ocasiones se tiene que hacer uso de mecanismos de negociación para obtener el mejor resultado. Un ejemplo fue la implementación del uso del casco protector. En la ocurrencia basta la imposición.

Para la puesta en marcha de las políticas públicas se requiere construir un entorno con un ambiente social y político que genere los más amplios márgenes de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado. En la ocurrencia no.

El establecimiento de un tren bala ¿Es una política pública o una ocurrencia? ¿Viene a resolver un problema real y trascendental de Yucatán? ¿Acaso es una demanda urgente e importante de los yucatecos? ¿Se justificaría tanto gasto? ¿No hay otros problemas reales que deben ser atendidos urgentemente?

La entrega de zapatos a niños escolares, así como de chamarras y despensas ¿Son políticas públicas, son ocurrencias o son acciones deliberadas con fines clientelares? ¿Acaso resuelven el problema de fondo que es la pobreza? ¿Se justifica el gasto de dinero público en estas condiciones? ¿Habrá la misma cantidad de pobres al término del quinquenio o estos programas ayudarán a disminuirla? ¿Cuál es la proyección de beneficio social? ¿Qué otras alternativas se tomaron en cuenta? Todos estos programas son evidentemente asistencialistas con fines clientelares. Son la otra cara de la moneda.

El asistencialismo consiste en la labor gubernamental o privada de proveer servicios a precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los operadores modernos de la cooperación internacional, el asistencialismo es considerado poco conveniente, ya que sólo representa un simple paliativo que no viene a solucionar los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Es contrario al adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enseña a pescar. Entonces ¿dónde queda el ofrecimiento? “Mi apoyo a los más humildes no será ni de subsidios ni de derroches, mucho menos de clientelismo o dependencia política”

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
(*) Master en comunicación política y marketing electoral

viernes, 14 de diciembre de 2007

Iconoclastas del PAN

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación política y marketing Electoral

El reto: cuidar a la institución desde cualquier flanco

En estos momentos difíciles para Yucatán, a consecuencia del regreso de las viejas y dañinas prácticas priístas desde el gobierno, que con desparpajo son repetidas una y otra vez pero que al mismo tiempo son minimizadas o ignoradas por los mismos responsables, es mucho más urgente la demanda social de una oposición responsable y unida, pues sólo de esta manera se podría construir un contrapeso más legítimo a los abusos del poder.

Críticas de panistas contra panistas se han leído y escuchado en diferentes ámbitos públicos, y las filtraciones de información que se genera en reuniones privadas se han vuelto recurrentes, y quizá hasta son festinadas por sus autores, muchas veces desde el anonimato.

Sale sobrando decir que un partido es una institución pública y que, por tanto, sus acciones y decisiones necesariamente deben estar bajo el escrutinio público. De esto no hay la menor duda. Sin embargo, no se debe confundir la transparencia con la falta de disciplina.

Los intereses personales y/o de grupo son legítimos en una organización política de manera que deben ser atendidos y dirimidos ante las instancias creadas precisamente para esto. Entonces, si algo no le parece a alguien debe acudir a éstas y aportar pruebas. Para además, existen el diálogo y la negociación que son los instrumentos vitales para la acción política ¿Hacemos política desde arriba y desde abajo? La libertad de expresión no es sinónimo de autodestrucción.

La autocrítica debe ser entendida tal y como la define la Real Academia Española como “el juicio crítico que se realiza sobre obras o comportamientos propios”. Esto significa que este ejercicio debe comenzar precisamente con las acciones que cada quien realice en función del interés personal o de grupo.

Cada acusación y cada escándalo públicos de panistas -convertidos ya en auténticos iconoclastas (rompedores de imágenes)- por la defensa de sus intereses personales o de grupo y que se anteponen a la aspiración máxima de “Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos” probablemente afecten a otros panistas, a las dirigencias, a ex funcionarios o a ex dirigentes contra quienes van dirigidas, pero el daño grave y real es para toda una institución que tardó más de 60 años para construirse una imagen de confianza basada en valores ¿Se ha reflexionado sobre esta situación?

¿Qué aporta o cómo afecta una denuncia pública contra el propio partido?, ¿Tengo pruebas para sostener lo que digo o sólo busco el impacto mediático que deje mal a otro militante o a otro grupo de militantes?, ¿Quién fue el que inició la agresión?, ¿Debo ser prudente o debo contestar y empeorar la agresión?, ¿Existen las instancias para dirimir las inconformidades?, ¿He recurrido a ellas?, ¿Son los medios de comunicación la instancia adecuada para dirimir las diferencias internas?, ¿Ayudan en algo al partido las filtraciones de información de asuntos internos?

¿En qué medida afectará a los panistas determinadas decisiones?, ¿Estoy dispuesto a reconocer una mala decisión?, ¿Hay respeto a los estatutos?, ¿Hay garantías para impartir justicia partidista?, ¿Hay a apego a los principios de bien común, solidaridad, subsidiariedad, respeto a la dignidad de la persona humana?, ¿El deseo y el esfuerzo de unidad es real y sincero?, ¿Tengo la capacidad de autocrítica y de aceptar mi responsabilidad o solo soy capaz de ver que la única culpa la tienen quienes no están de acuerdo conmigo?

Cualesquiera que sean las causas de las diferencias, en la medida en que la imagen y el prestigio de un partido –ganado a pulso durante décadas- se siga deteriorando ante los ojos de la sociedad por las acciones de los propios panistas en pleito, el único afectado es el PAN con daños que pueden ser irreversibles y, paradójicamente, el más beneficiado es el PRI que tanto deterioro le ha causado y le sigue causando a Yucatán.

Dicho de otra manera, las luchas internas de panistas contra panistas sólo abonan a la causa del PRI; es decir, los propios panistas en pleito le están haciendo la campaña anticipada al PRI. En vez de criticarse mutuamente, los panistas en conflicto deberían reflexionar sobre el futuro de la institución a la que pertenecen, sobre la necesidad de reenfocar sus energías a donde deben estar dirigidas y sobre la responsabilidad que tendrían que asumir ante posibles futuras derrotas culturales y electorales. Luego no se pregunten ¿qué fue lo que pasó? Las dirigencias y los dirigentes son transitorios, la institución no. Entonces debería cuidarse a la institución, desde arriba, desde abajo, o desde cualquier otro flanco. Este el reto. La sociedad así lo demanda

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
*Master en comunicación política y marketing electoral.

lunes, 10 de diciembre de 2007

Yucatán, un estado enfermo de anomia

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

La afectación es social, no individual

Yucatán es el claro ejemplo de lo que los estudiosos denominan “democracia defectuosa” que abarca a los regímenes que no han llegado a la consolidación de una democracia liberal, pero que, al mismo tiempo, ya no son autocráticos porque, al menos, funcionan bajo el régimen electoral; es decir, llegan al gobierno quienes fueron votados y los resultados no se falsifican de manera sustancial.

Democracia liberal, según Walter L. Bernecker, autor de Transición Democrática y Anomia Social, es aquella que reúne factores mínimos como: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas,

¿Inclusión de la ciudadanía?, ¿Cómo? ¿Pidiendo perfiles rectores que luego no fueron tomados en cuenta o no integrando mujeres al gabinete?; ¿Libertad de asociación y de información?, ¿Disolviendo cooperativas o aplicando la ley mordaza a ex funcionarios?; ¿Gobierno con representantes electos responsables?, ¿Apostando ambulancias?; ¿Reconocimiento a los derechos humanos y garantías del Estado de Derecho? ¿Arraigando a personas en violación a sus garantías más elementales, disolviendo protestas pacíficas o dejando en la impunidad los destrozos causados en Sotuta?; ¿Elecciones libres y honestas?, ¿Registrando al padrón yucateco a ciudadanos de otros estados?

A la luz de los dos párrafos anteriores, queda claro que la democracia yucateca es categóricamente defectuosa, ya que dista mucho de cubrir los requisitos mínimos señalados para la democracia liberal. La democracia electoral no puede sobrevivir sin la democracia liberal, sobre todo porque el Estado de Derecho es prerrequisito funcional de la eficacia de la representación, de las decisiones y de las instituciones.

En la medida en que las instituciones no existen, o existiendo no funcionan o no se respetan, y en la medida en que los procesos e instituciones formales son sustituidos por mecanismos informales o populistas, se desvirtúan y se vacían las garantías democráticas, se limita la vigencia de las reglas y se acumulan defectos.

La falta del Estado de Derecho o la vulneración del mismo hacen presente el fenómeno social denominado anomia. El diccionario de la Real Academia Española la define así: “Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. La impunidad (caso Sotuta) y el abuso de poder (caso de los arraigados) son algunas de las consecuencias de anomia. Por un lado, los delincuentes viven sin sobresaltos ya que no hay ley que los castigue o porque habiéndola no hay autoridad que la aplique, pero del otro lado hay gente que es privada de su libertad sin sustento constitucional.

En ambos ejemplos, la anomia se manifiesta como consecuencia de la degradación del marco jurídico, de los procesos y de las instituciones. El perjuicio no es sólo contra los directamente afectados sino de toda la sociedad, ya que se trata de una vulneración social: un vaciamiento de garantías democráticas. Cualquiera en cualquier momento puede verse afectado en sus derechos.

Lo que realmente debe preocupar a los yucatecos, sin colores y sin banderas, es el resarcimiento del Estado de Derecho que está siendo degradado.

Peter Walldman, en un ensayo sobre el Concepto del Estado Anómico, se pregunta ¿Qué efecto tiene la anomia inducida por el Estado sobre el desarrollo de un país? Las respuestas, según diversos puntos de vista, varían: hay quienes señalan que puede ser sinónimo de caos, inseguridad, desintegración social, y otros consideran que es un factor de costos sociales. Lo que queda claro es que el menosprecio constante a las normas puede traer repercusiones en la coherencia interna de una sociedad.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral