Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
La afectación es social, no individual
Yucatán es el claro ejemplo de lo que los estudiosos denominan “democracia defectuosa” que abarca a los regímenes que no han llegado a la consolidación de una democracia liberal, pero que, al mismo tiempo, ya no son autocráticos porque, al menos, funcionan bajo el régimen electoral; es decir, llegan al gobierno quienes fueron votados y los resultados no se falsifican de manera sustancial.
Democracia liberal, según Walter L. Bernecker, autor de Transición Democrática y Anomia Social, es aquella que reúne factores mínimos como: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas,
¿Inclusión de la ciudadanía?, ¿Cómo? ¿Pidiendo perfiles rectores que luego no fueron tomados en cuenta o no integrando mujeres al gabinete?; ¿Libertad de asociación y de información?, ¿Disolviendo cooperativas o aplicando la ley mordaza a ex funcionarios?; ¿Gobierno con representantes electos responsables?, ¿Apostando ambulancias?; ¿Reconocimiento a los derechos humanos y garantías del Estado de Derecho? ¿Arraigando a personas en violación a sus garantías más elementales, disolviendo protestas pacíficas o dejando en la impunidad los destrozos causados en Sotuta?; ¿Elecciones libres y honestas?, ¿Registrando al padrón yucateco a ciudadanos de otros estados?
A la luz de los dos párrafos anteriores, queda claro que la democracia yucateca es categóricamente defectuosa, ya que dista mucho de cubrir los requisitos mínimos señalados para la democracia liberal. La democracia electoral no puede sobrevivir sin la democracia liberal, sobre todo porque el Estado de Derecho es prerrequisito funcional de la eficacia de la representación, de las decisiones y de las instituciones.
En la medida en que las instituciones no existen, o existiendo no funcionan o no se respetan, y en la medida en que los procesos e instituciones formales son sustituidos por mecanismos informales o populistas, se desvirtúan y se vacían las garantías democráticas, se limita la vigencia de las reglas y se acumulan defectos.
La falta del Estado de Derecho o la vulneración del mismo hacen presente el fenómeno social denominado anomia. El diccionario de la Real Academia Española la define así: “Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. La impunidad (caso Sotuta) y el abuso de poder (caso de los arraigados) son algunas de las consecuencias de anomia. Por un lado, los delincuentes viven sin sobresaltos ya que no hay ley que los castigue o porque habiéndola no hay autoridad que la aplique, pero del otro lado hay gente que es privada de su libertad sin sustento constitucional.
En ambos ejemplos, la anomia se manifiesta como consecuencia de la degradación del marco jurídico, de los procesos y de las instituciones. El perjuicio no es sólo contra los directamente afectados sino de toda la sociedad, ya que se trata de una vulneración social: un vaciamiento de garantías democráticas. Cualquiera en cualquier momento puede verse afectado en sus derechos.
Lo que realmente debe preocupar a los yucatecos, sin colores y sin banderas, es el resarcimiento del Estado de Derecho que está siendo degradado.
Peter Walldman, en un ensayo sobre el Concepto del Estado Anómico, se pregunta ¿Qué efecto tiene la anomia inducida por el Estado sobre el desarrollo de un país? Las respuestas, según diversos puntos de vista, varían: hay quienes señalan que puede ser sinónimo de caos, inseguridad, desintegración social, y otros consideran que es un factor de costos sociales. Lo que queda claro es que el menosprecio constante a las normas puede traer repercusiones en la coherencia interna de una sociedad.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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