Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Social y Marketing Electoral
Se perdió una gran oportunidad
El encuentro entre legisladores del PAN y el Poder Ejecutivo ocurrido el lunes de la semana pasada, es digno de análisis para darnos cuenta de que la política en Yucatán sigue en pañales y probablemente quizá aún esté en etapa de gestación.
Por ahí alguien dijo que perdió dos horas de su tiempo por estar en ese encuentro. En realidad los funcionarios del Ejecutivo no perdieron dos horas, perdieron mucho más: la gran oportunidad de demostrar oficio político.
Un gobierno que se diga democrático, para el cumplimiento de sus objetivos tiene que analizar varios aspectos fundamentales: la eficacia, la eficiencia que son factores fundamentales para la competitividad, pero además es imprescindible analizar la viabilidad económica y la viabilidad política.
Me voy a referir únicamente a éste último concepto. La viabilidad política impone a un gobernante democrático a buscar acuerdos. Los proyectos que repercutirán hacia los ciudadanos y todos los grupos sociales tienen que surgir de acuerdos y de consensos.
¿Cómo saber con quién o quiénes debería negociarse para la consecución de consensos? La autoridad tiene que hacer un diagnóstico de su entorno para determinar quiénes son los actores sociales, políticos, religiosos y económicos con los que debe buscar el diálogo. Esto, como decía en otra colaboración, es lo que permite la gobernabilidad.
Una autoridad que de verdad sabe consensuar una política pública o todo un proyecto de gobierno –no con aparentes consultas o cuyos resultados después no son tomados en cuenta, como ocurrió con los famosos “perfiles rectores”- tiene mayores posibilidades de desarrollar su trabajo incluso con el apoyo o la crítica reducida de quienes no comulgan con su ideología. Claro, siempre y cuando se cumpla con otras premisas que son el respeto al estado de derecho y a las posturas de las personas.
Intentar que todos, absolutamente todos, estén de acuerdo con las decisiones unilaterales de un gobierno, “porque para eso soy la autoridad” o porque “no vamos a ser rehenes de una minoría”, es diametralmente opuesto a lo que debe hacer un político en un régimen democrático.
El fin último de la política, como lo escribe Eduardo Betancourt en su libro Gestión para gobiernos exitosos “es lograr el desarrollo armónico y sustentable de la sociedad”. Desarrollo armónico, es decir, sin confrontaciones o la menor cantidad de éstas gracias a los acuerdos logrados, y sustentable porque se puede defender con razones en el tiempo.
Esto sólo es posible cuando la autoridad en turno deja a un lado sus intereses sectarios y entiende que el diálogo es la herramienta por excelencia del quehacer político.
Sentado lo anterior ¿Qué pudimos observar de esa reunión?
1. La iniciativa de la reunión no se dio por invitación del Poder Ejecutivo del Estado, fue a consecuencia de una petición de los legisladores federales. La gobernabilidad la debe buscar quien gobierna, así de redundante.
2. Los funcionarios del Ejecutivo estatal no fueron con intenciones de dialogar, sino con deseos de “evidenciar” supuestas fallas en materia de seguridad de la administración pasado y para ello se prepararon. Yo creo que esto si implicó una pérdida de tiempo para ellos.
3. Las preguntas ¿a qué atribuye el gobierno del Estado los hechos de violencia insólitos ocurridos en los últimas semanas? ¿Cuáles son los planes para combatir el crimen organizado? y ¿Cómo se ejercerían los $1,000 millones destinados a este rubro? Hechas por legisladores federales tienen sustento y así las hubiera hecho un ciudadano sin cargo, debieron ser respondidas, pero se quedaron en mutis.
4. En cuanto a la afirmación hecha por la titular del Ejecutivo de que “espero que no sea nada más un afán para que salgan en la foto”, cabe señalar que los términos de la reunión en cuanto al día, hora y lugar, así como la asistencia o no de los medios de comunicación fueron fijados por ella misma.
5. La petición de diálogo fue con la señora gobernadora, pero se dio prácticamente con otros funcionarios, ya que ella, según informó el Diario, sólo dio la bienvenida y la despedida.
6. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y la foto del Diario fue más que evidente la actitud de unos y de otros. Mientras una habla la otra ni siquiera ve a los ojos de su interlocutora.
Insisto, los funcionarios estatales no perdieron dos horas en un “intento” de dialogar, perdieron una gran oportunidad de demostrar oficio político y de que están para servir a todos los ciudadanos, sin importar colores o ideologías.
¿Habrá otra oportunidad de ver un episodio más afortunado para el quehacer político de Yucatán?
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Social y Marketing Electoral
sábado, 23 de febrero de 2008
lunes, 18 de febrero de 2008
Graves violaciones constitucionales en Yucatán
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Normas que sólo están en el papel
Todo parece indicar que los ciudadanos nos estamos acostumbrando a vivir en la anomia, entendida esta como el “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.
Como escribí en una ocasión anterior, la anomia es un fenómeno social derivado de la falta de normas jurídicas o que existiendo éstas simplemente son degradadas, así como los procesos y las instituciones. Normas jurídicas vigentes que se quedan en el papel. Seguramente existen estudios relacionados con la anomia que se vive en México y sería una interesante tarea de investigación hacer lo propio en Yucatán.
Expertos en la materia han señalado una y otra vez que, por ejemplo, el arraigo es inconstitucional porque es una figura que no tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha hecho notar esta grave irregularidad jurídica, pero parece que a nadie le interesa corregirla. Este viene a ser un claro ejemplo de anomia.
Otro ejemplo lo vemos en materia de seguridad pública. Las Constitución Federal, en su Artículo 21, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
En cuanto a la federación, el artículo 89 establece que entre las facultades y obligaciones del Presidente figura la de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Respecto al Distrito Federal el artículo 122, BASE SEGUNDA, señala que “el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno”.
En lo que corresponde a los municipios el artículo 115, fracción III, determina que “los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”.
Aunque en el 21 se menciona que también es competencia de los estados, no hay disposición alguna que de modo expreso señale que la seguridad pública sea función estatal como lo señalan con precisión los artículos 89, 122 y 115 de la Carta Magna.
En concordancia con lo dispuesto en el 115 de la Carta Magna, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 85 establece que “Los municipios, con el concurso del Estado, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, organizarán y tomarán a su cargo la administración, funcionamiento, conservación, explotación de sus servicios públicos considerándose enunciativa y no limitativamente como tales, las siguientes: VIII.- Seguridad pública y tránsito;
El CAPITULO II de la Constitución local al consignar las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado entre ellas figura IV.- disponer de la Guardia Nacional y de la fuerza pública del Municipio en donde residiere habitual o transitoriamente; o V.- disponer de la fuerza pública de los otros municipios para la defensa del Estado y para conservar la tranquilidad y el orden público cuando éste se alterare.
De acuerdo con las disposiciones anteriores la llamada “policía estatal” es un ente anticonstitucional. A los estados únicamente les corresponde coordinarse con la federación y con los municipios, y, en su caso, disponer de las fuerzas públicas municipales. A esto se limita la competencia a la que se refiere el artículo 21 de la Norma Fundamental.
En conclusión, nos hallamos frente a graves y evidentes violaciones a las normas fundamentales del país y del estado, ¿Habrá autoridad que asuma la tarea de corregir esas graves deficiencias jurídicas?
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Normas que sólo están en el papel
Todo parece indicar que los ciudadanos nos estamos acostumbrando a vivir en la anomia, entendida esta como el “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.
Como escribí en una ocasión anterior, la anomia es un fenómeno social derivado de la falta de normas jurídicas o que existiendo éstas simplemente son degradadas, así como los procesos y las instituciones. Normas jurídicas vigentes que se quedan en el papel. Seguramente existen estudios relacionados con la anomia que se vive en México y sería una interesante tarea de investigación hacer lo propio en Yucatán.
Expertos en la materia han señalado una y otra vez que, por ejemplo, el arraigo es inconstitucional porque es una figura que no tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha hecho notar esta grave irregularidad jurídica, pero parece que a nadie le interesa corregirla. Este viene a ser un claro ejemplo de anomia.
Otro ejemplo lo vemos en materia de seguridad pública. Las Constitución Federal, en su Artículo 21, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
En cuanto a la federación, el artículo 89 establece que entre las facultades y obligaciones del Presidente figura la de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Respecto al Distrito Federal el artículo 122, BASE SEGUNDA, señala que “el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno”.
En lo que corresponde a los municipios el artículo 115, fracción III, determina que “los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”.
Aunque en el 21 se menciona que también es competencia de los estados, no hay disposición alguna que de modo expreso señale que la seguridad pública sea función estatal como lo señalan con precisión los artículos 89, 122 y 115 de la Carta Magna.
En concordancia con lo dispuesto en el 115 de la Carta Magna, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 85 establece que “Los municipios, con el concurso del Estado, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, organizarán y tomarán a su cargo la administración, funcionamiento, conservación, explotación de sus servicios públicos considerándose enunciativa y no limitativamente como tales, las siguientes: VIII.- Seguridad pública y tránsito;
El CAPITULO II de la Constitución local al consignar las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado entre ellas figura IV.- disponer de la Guardia Nacional y de la fuerza pública del Municipio en donde residiere habitual o transitoriamente; o V.- disponer de la fuerza pública de los otros municipios para la defensa del Estado y para conservar la tranquilidad y el orden público cuando éste se alterare.
De acuerdo con las disposiciones anteriores la llamada “policía estatal” es un ente anticonstitucional. A los estados únicamente les corresponde coordinarse con la federación y con los municipios, y, en su caso, disponer de las fuerzas públicas municipales. A esto se limita la competencia a la que se refiere el artículo 21 de la Norma Fundamental.
En conclusión, nos hallamos frente a graves y evidentes violaciones a las normas fundamentales del país y del estado, ¿Habrá autoridad que asuma la tarea de corregir esas graves deficiencias jurídicas?
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
sábado, 9 de febrero de 2008
Entre la ingobernabilidad y la inseguridad
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Grandes pendientes del Ejecutivo
En la edición del jueves pasado Nerio Torres Arcila, dirigente del PRI, envió al Diario unos comentarios relacionados con un artículo de un servidor del lunes 4 de los corrientes los cuales merecen algunas precisiones.
El dirigente menciona que escribí que “Acción Nacional cree que no hay las condiciones para entablar negociación con el Ejecutivo y lo culpa de los sucesos de inseguridad en Yucatán”. El sentido de mi colaboración fue sobre la necesidad de que el Ejecutivo estatal genere un clima político propicio para que pueda iniciarse un diálogo entre las partes como premisa necesaria para que entre todos se busque lo mejor para Yucatán en todos los sentidos.
La falta de acuerdos básicos propicia la ingobernabilidad. Las decisiones ejecutadas no consensuadas, en cualquier régimen que se precie de ser democrático, propician el disenso y éste es la principal fuente de ingobernabilidad. Gobernabilidad, entonces, implica la posibilidad de ejecutar programas y acciones con el consenso de los principales actores políticos. Invito a Torres Arcila a que vuelva a leer mi artículo para que constate el sentido del mismo.
A la ingobernabilidad se ha sumado otro gran problema que es el de la inseguridad que ha surgido en las últimas semanas en Yucatán. Y tiene mucho que ver con la falta de consensos, no sólo con el PAN, sino incluso con los ciudadanos y hasta con los medios de comunicación.
Pongamos un botón de muestra: el nombramiento del titular de la SPV, hoy SPP, se llevó al cabo haciendo caso omiso al “perfil rector” delineado por la sociedad que exigía: “Debe ser profesionista del área que le toque dirigir y con amplio conocimiento y dominio del sector donde se desenvolverá. Debe estar comprometido con la legalidad y por el respeto a los Derechos Humanos. Debe contar con amplio conocimiento y experiencia en la función de seguridad pública y ámbito policial. Tener honestidad y sentido de justicia. Experiencia en los problemas que genera la delincuencia en nuestro estado y en el país en general. Debe tener vocación de servicio y saber escuchar a las personas. Contar con experiencia en manejo y conducción de grupos. Debe ser una persona honesta”. Los mismos ciudadanos se han manifestado abiertamente quejándose porque de poco sirvió esa “consulta”. Pero no fueron escuchados.
En las últimas semanas la sociedad se ha manifestado nuevamente en el sentido de que ese mismo funcionario podría ser la causa de los hechos sangrientos por sus antecedentes en Quintana Roo, pero tampoco ha sido escuchada.
Otro botón de muestra: en vez de llegar a acuerdos para el nombramiento del procurador, como debió ser, la bancada priísta impuso su mayoría con el alegato de que no iba a ser rehén de la minoría panista. Y fue por eso que el nombramiento de ese funcionario se dio mediante una decisión unilateral. Luego los yucatecos fuimos testigos de la lamentable renuncia. Hoy vemos acusaciones y expedientes que se caen.
En otra parte de su escrito Torres Arcila admite que “es evidente que el gobierno tiene que crear las condiciones de confianza para que los ciudadanos participen”. Pero las preguntas son ¿Cómo? ¿Inventando expedientes? Como ocurrió con Richard Caballero y José Carlos Guzmán que ya fueron amparados por la Justicia Federal.
¿Cómo? Apostando ambulancias y después negándolo y culpando al medio de una “mala interpretación”? ¿Cómo? ¿Solapando a hijos de altos funcionarios que cometen delitos sangrientos? ¿Cómo? ¿Inventando daños que jamás existieron tras el paso de un huracán? ¿Cómo? ¿Pidiendo “perfiles rectores” que después no sirvieron? ¿Cómo? ¿Haciendo a un lado a las mujeres del primer círculo de gobierno? ¿Cómo? ¿Inventando conflictos con dependencias federales como ocurrió con los desayunos de Diconsa? ¿Cómo? ¿Persiguiendo a los denunciantes en vez de hacerlo con los denunciados como ocurre en Sotuta? ¿De verdad creen que así puede una autoridad generar un clima de confianza?
Esta posición del PRI confirma que es una utopía pensar que el Ejecutivo estatal tenga la voluntad de generar un ambiente político sano. O por error se niegan a reconocer sus errores o de plano creen que es acertada la forma en que están actuando.
En otra reflexión Torres Arcila afirma que el tema del combate al crimen organizado es un asunto federal nos guste o no. En reiteradas ocasiones el procurador, el titular de la SPP y la titular del Ejecutivo han dicho que no hay evidencias para afirmar que en Yucatán haya crimen organizado. Lo han negado rotundamente. Pero al mismo tiempo se contradicen al afirmar que por tratarse del crimen organizado todo es competencia del Ejecutivo Federal. ¿Entonces?
Coincido con el presidente del PRI en el sentido de que “como mexicanos y yucatecos tenemos la responsabilidad cívica de participar” contra la inseguridad. Esto no está en duda y se está haciendo incluso sin la necesidad de llamado oficial alguno. La marcha por la paz se dio de modo espontáneo y ahí estuvimos.
Lamento que Torres Arcila haya mal interpretado el sentido de mi artículo en el que, para empezar, no toqué medularmente el tema de la inseguridad, y mi única intención era señalar la necesidad urgente de que la autoridad estatal genere las condiciones políticas para que se dé el diálogo, como premisa necesaria para que esté en condiciones de sentarse con todos los actores políticos y sociales a fin de de que entre todos busquen lo mejor para Yucatán en todos los sentidos. El problema es que los ¿cómos? siguen aumentando mes a mes.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Grandes pendientes del Ejecutivo
En la edición del jueves pasado Nerio Torres Arcila, dirigente del PRI, envió al Diario unos comentarios relacionados con un artículo de un servidor del lunes 4 de los corrientes los cuales merecen algunas precisiones.
El dirigente menciona que escribí que “Acción Nacional cree que no hay las condiciones para entablar negociación con el Ejecutivo y lo culpa de los sucesos de inseguridad en Yucatán”. El sentido de mi colaboración fue sobre la necesidad de que el Ejecutivo estatal genere un clima político propicio para que pueda iniciarse un diálogo entre las partes como premisa necesaria para que entre todos se busque lo mejor para Yucatán en todos los sentidos.
La falta de acuerdos básicos propicia la ingobernabilidad. Las decisiones ejecutadas no consensuadas, en cualquier régimen que se precie de ser democrático, propician el disenso y éste es la principal fuente de ingobernabilidad. Gobernabilidad, entonces, implica la posibilidad de ejecutar programas y acciones con el consenso de los principales actores políticos. Invito a Torres Arcila a que vuelva a leer mi artículo para que constate el sentido del mismo.
A la ingobernabilidad se ha sumado otro gran problema que es el de la inseguridad que ha surgido en las últimas semanas en Yucatán. Y tiene mucho que ver con la falta de consensos, no sólo con el PAN, sino incluso con los ciudadanos y hasta con los medios de comunicación.
Pongamos un botón de muestra: el nombramiento del titular de la SPV, hoy SPP, se llevó al cabo haciendo caso omiso al “perfil rector” delineado por la sociedad que exigía: “Debe ser profesionista del área que le toque dirigir y con amplio conocimiento y dominio del sector donde se desenvolverá. Debe estar comprometido con la legalidad y por el respeto a los Derechos Humanos. Debe contar con amplio conocimiento y experiencia en la función de seguridad pública y ámbito policial. Tener honestidad y sentido de justicia. Experiencia en los problemas que genera la delincuencia en nuestro estado y en el país en general. Debe tener vocación de servicio y saber escuchar a las personas. Contar con experiencia en manejo y conducción de grupos. Debe ser una persona honesta”. Los mismos ciudadanos se han manifestado abiertamente quejándose porque de poco sirvió esa “consulta”. Pero no fueron escuchados.
En las últimas semanas la sociedad se ha manifestado nuevamente en el sentido de que ese mismo funcionario podría ser la causa de los hechos sangrientos por sus antecedentes en Quintana Roo, pero tampoco ha sido escuchada.
Otro botón de muestra: en vez de llegar a acuerdos para el nombramiento del procurador, como debió ser, la bancada priísta impuso su mayoría con el alegato de que no iba a ser rehén de la minoría panista. Y fue por eso que el nombramiento de ese funcionario se dio mediante una decisión unilateral. Luego los yucatecos fuimos testigos de la lamentable renuncia. Hoy vemos acusaciones y expedientes que se caen.
En otra parte de su escrito Torres Arcila admite que “es evidente que el gobierno tiene que crear las condiciones de confianza para que los ciudadanos participen”. Pero las preguntas son ¿Cómo? ¿Inventando expedientes? Como ocurrió con Richard Caballero y José Carlos Guzmán que ya fueron amparados por la Justicia Federal.
¿Cómo? Apostando ambulancias y después negándolo y culpando al medio de una “mala interpretación”? ¿Cómo? ¿Solapando a hijos de altos funcionarios que cometen delitos sangrientos? ¿Cómo? ¿Inventando daños que jamás existieron tras el paso de un huracán? ¿Cómo? ¿Pidiendo “perfiles rectores” que después no sirvieron? ¿Cómo? ¿Haciendo a un lado a las mujeres del primer círculo de gobierno? ¿Cómo? ¿Inventando conflictos con dependencias federales como ocurrió con los desayunos de Diconsa? ¿Cómo? ¿Persiguiendo a los denunciantes en vez de hacerlo con los denunciados como ocurre en Sotuta? ¿De verdad creen que así puede una autoridad generar un clima de confianza?
Esta posición del PRI confirma que es una utopía pensar que el Ejecutivo estatal tenga la voluntad de generar un ambiente político sano. O por error se niegan a reconocer sus errores o de plano creen que es acertada la forma en que están actuando.
En otra reflexión Torres Arcila afirma que el tema del combate al crimen organizado es un asunto federal nos guste o no. En reiteradas ocasiones el procurador, el titular de la SPP y la titular del Ejecutivo han dicho que no hay evidencias para afirmar que en Yucatán haya crimen organizado. Lo han negado rotundamente. Pero al mismo tiempo se contradicen al afirmar que por tratarse del crimen organizado todo es competencia del Ejecutivo Federal. ¿Entonces?
Coincido con el presidente del PRI en el sentido de que “como mexicanos y yucatecos tenemos la responsabilidad cívica de participar” contra la inseguridad. Esto no está en duda y se está haciendo incluso sin la necesidad de llamado oficial alguno. La marcha por la paz se dio de modo espontáneo y ahí estuvimos.
Lamento que Torres Arcila haya mal interpretado el sentido de mi artículo en el que, para empezar, no toqué medularmente el tema de la inseguridad, y mi única intención era señalar la necesidad urgente de que la autoridad estatal genere las condiciones políticas para que se dé el diálogo, como premisa necesaria para que esté en condiciones de sentarse con todos los actores políticos y sociales a fin de de que entre todos busquen lo mejor para Yucatán en todos los sentidos. El problema es que los ¿cómos? siguen aumentando mes a mes.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
sábado, 2 de febrero de 2008
El Ejecutivo sin visos para tender puentes
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Una “mayoría ciudadana” muy relativa
Yucatán está cayendo en una situación grave de ingobernabilidad. Es muy poco tiempo el que ha transcurrido para tantos conflictos ¿que no son de esta generación? ¿De cuál entonces? La polarización es evidente. Y todo parece indicar que en vez de poner un alto a esta situación se profundizará más y más.
Debemos esforzarnos por entender la realidad que nos toca vivir. La “nueva mayoría ciudadana” de la que habla el Ejecutivo se integró por un segmento de la sociedad que, no siendo afín al PRI, por voluntad propia y de modo legítimo decidió libremente apoyar el proyecto del actual Poder Ejecutivo. Otro es el voto duro priísta. También hubo quienes recibieron promesas de empleo y otro más, según denuncia pública, fue de personas que ni siquiera son yucatecas.
Como quiera que sea, lo que no debería perderse de vista es que esa “nueva mayoría ciudadana” es sumamente relativa, ya que frente a ella, en números fríos, de acuerdo con datos finales del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) fueron más de 357,847 yucatecos (el 46% de la totalidad de la votación) que no creyeron en la propuesta de la entonces candidata priísta y votaron por Acción Nacional. Otro 30%, del padrón total, no se manifestó en ningún sentido.
Con un mínimo de visión cualquiera podría imaginar que ese segmento no afín al priismo que se creyó las promesas de pluralidad, transparencia, legalidad y respeto, ha comenzado a caer en el desencanto, de modo que la relativa “nueva mayoría ciudadana” poco a poco se ha ido debilitando.
El gobierno en turno tiene la obligación, para bien del Estado, de la sociedad e incluso de su propia administración, de hacer política. Esto, desde luego, implicaría desempolvar o desenterrar un término que en el léxico de los políticos ha desaparecido: negociación.
Cualquier autoridad, para que mantenga o aumente su capital político, tendría que hacerse las siguientes preguntas: ¿Con quién o con quiénes debo negociar? ¿Por qué debo negociar? ¿Para qué debo negociar?
La negociación política implica una relación ganar-ganar. Pero no en el sentido de que todo sea para un solo lado, sino en el de que ambas o todas las partes involucradas ganen. Por supuesto, cada una de los negociadores necesariamente debe tener la capacidad de entender que en momentos determinados debe ceder parte de sus intereses. Es la única manera de llegar a consensos. Es la forma básica y fundamental de hacer política para lograr gobernabilidad.
¿Y con quien tendrían que negociar quienes actualmente detentan el Poder Ejecutivo? Obviamente, con la fuerzas opositoras. Y el PAN, independientemente de los resultados electorales adversos en el ámbito estatal, hoy día gobierna al 60% de los yucatecos. Razón de sobra por las cuales debería pensar en la necesidad de entablar negociaciones.
Pero la política (no la grilla) también implica que la negociación sólo es posible si hay de por medio una postura ética; es decir, que se haga sin agendas ocultas y sin golpes bajos, lo que resulta ineluctable para generar el ambiente propicio que permita un auténtico diálogo.
Las exhortaciones mediáticas a la “unidad” no funcionan y menos en medio de una coyuntura en la que una de las partes está golpeando a la otra con la derecha y con la izquierda también, y aún más, hasta usan los pies y todo lo que esté al alcance.
Ha sido muy poco tiempo el que ha transcurrido en el actual Ejecutivo para tantos conflictos con la federación y sus dependencias en el Estado, con el Ayuntamiento de Mérida, con sindicatos, con el ex gobernador y ex funcionarios, con legisladores federales y estatales panistas, con alcaldes y alcaldesas también panistas. Es muy peligroso este rumbo que se está llevando. Incluso el desprecio a la sociedad ha sido evidente y como botón de muestra recordemos la convocatoria hecha para definir “perfiles rectores” que luego no fueron tomados en cuenta y la exclusión total de mujeres en el círculo principal de gobierno.
Es evidente que, dados los sucesos ocurridos en los últimos seis meses, hoy día, de manera lamentable, no existen las condiciones para que el Ejecutivo del Estado intente entablar algún tipo de negociación con la principal fuerza de oposición en el Estado. Lo primero que tendría que hacer es generar un clima social y político distinto, lo cual me parece utópico.
Ya pasaron seis meses y no hay visos de intención del Poder Ejecutivo para comenzar a tender puentes básicos con los partidos políticos, sino todo lo contrario. ¿Cómo entablar una negociación si los apoyos se dan con intenciones partidistas como ocurre en Ucú? ¿Cómo si en vez de asumir la responsabilidad de la inseguridad en Yucatán se echa la culpa al Gobierno Federal? ¿Cómo si el peso de la ley sólo alcanza a quienes no comulgan con el partido del Ejecutivo? El ambiente político no es sano para Yucatán.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Una “mayoría ciudadana” muy relativa
Yucatán está cayendo en una situación grave de ingobernabilidad. Es muy poco tiempo el que ha transcurrido para tantos conflictos ¿que no son de esta generación? ¿De cuál entonces? La polarización es evidente. Y todo parece indicar que en vez de poner un alto a esta situación se profundizará más y más.
Debemos esforzarnos por entender la realidad que nos toca vivir. La “nueva mayoría ciudadana” de la que habla el Ejecutivo se integró por un segmento de la sociedad que, no siendo afín al PRI, por voluntad propia y de modo legítimo decidió libremente apoyar el proyecto del actual Poder Ejecutivo. Otro es el voto duro priísta. También hubo quienes recibieron promesas de empleo y otro más, según denuncia pública, fue de personas que ni siquiera son yucatecas.
Como quiera que sea, lo que no debería perderse de vista es que esa “nueva mayoría ciudadana” es sumamente relativa, ya que frente a ella, en números fríos, de acuerdo con datos finales del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) fueron más de 357,847 yucatecos (el 46% de la totalidad de la votación) que no creyeron en la propuesta de la entonces candidata priísta y votaron por Acción Nacional. Otro 30%, del padrón total, no se manifestó en ningún sentido.
Con un mínimo de visión cualquiera podría imaginar que ese segmento no afín al priismo que se creyó las promesas de pluralidad, transparencia, legalidad y respeto, ha comenzado a caer en el desencanto, de modo que la relativa “nueva mayoría ciudadana” poco a poco se ha ido debilitando.
El gobierno en turno tiene la obligación, para bien del Estado, de la sociedad e incluso de su propia administración, de hacer política. Esto, desde luego, implicaría desempolvar o desenterrar un término que en el léxico de los políticos ha desaparecido: negociación.
Cualquier autoridad, para que mantenga o aumente su capital político, tendría que hacerse las siguientes preguntas: ¿Con quién o con quiénes debo negociar? ¿Por qué debo negociar? ¿Para qué debo negociar?
La negociación política implica una relación ganar-ganar. Pero no en el sentido de que todo sea para un solo lado, sino en el de que ambas o todas las partes involucradas ganen. Por supuesto, cada una de los negociadores necesariamente debe tener la capacidad de entender que en momentos determinados debe ceder parte de sus intereses. Es la única manera de llegar a consensos. Es la forma básica y fundamental de hacer política para lograr gobernabilidad.
¿Y con quien tendrían que negociar quienes actualmente detentan el Poder Ejecutivo? Obviamente, con la fuerzas opositoras. Y el PAN, independientemente de los resultados electorales adversos en el ámbito estatal, hoy día gobierna al 60% de los yucatecos. Razón de sobra por las cuales debería pensar en la necesidad de entablar negociaciones.
Pero la política (no la grilla) también implica que la negociación sólo es posible si hay de por medio una postura ética; es decir, que se haga sin agendas ocultas y sin golpes bajos, lo que resulta ineluctable para generar el ambiente propicio que permita un auténtico diálogo.
Las exhortaciones mediáticas a la “unidad” no funcionan y menos en medio de una coyuntura en la que una de las partes está golpeando a la otra con la derecha y con la izquierda también, y aún más, hasta usan los pies y todo lo que esté al alcance.
Ha sido muy poco tiempo el que ha transcurrido en el actual Ejecutivo para tantos conflictos con la federación y sus dependencias en el Estado, con el Ayuntamiento de Mérida, con sindicatos, con el ex gobernador y ex funcionarios, con legisladores federales y estatales panistas, con alcaldes y alcaldesas también panistas. Es muy peligroso este rumbo que se está llevando. Incluso el desprecio a la sociedad ha sido evidente y como botón de muestra recordemos la convocatoria hecha para definir “perfiles rectores” que luego no fueron tomados en cuenta y la exclusión total de mujeres en el círculo principal de gobierno.
Es evidente que, dados los sucesos ocurridos en los últimos seis meses, hoy día, de manera lamentable, no existen las condiciones para que el Ejecutivo del Estado intente entablar algún tipo de negociación con la principal fuerza de oposición en el Estado. Lo primero que tendría que hacer es generar un clima social y político distinto, lo cual me parece utópico.
Ya pasaron seis meses y no hay visos de intención del Poder Ejecutivo para comenzar a tender puentes básicos con los partidos políticos, sino todo lo contrario. ¿Cómo entablar una negociación si los apoyos se dan con intenciones partidistas como ocurre en Ucú? ¿Cómo si en vez de asumir la responsabilidad de la inseguridad en Yucatán se echa la culpa al Gobierno Federal? ¿Cómo si el peso de la ley sólo alcanza a quienes no comulgan con el partido del Ejecutivo? El ambiente político no es sano para Yucatán.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
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