Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Grandes pendientes del Ejecutivo
En la edición del jueves pasado Nerio Torres Arcila, dirigente del PRI, envió al Diario unos comentarios relacionados con un artículo de un servidor del lunes 4 de los corrientes los cuales merecen algunas precisiones.
El dirigente menciona que escribí que “Acción Nacional cree que no hay las condiciones para entablar negociación con el Ejecutivo y lo culpa de los sucesos de inseguridad en Yucatán”. El sentido de mi colaboración fue sobre la necesidad de que el Ejecutivo estatal genere un clima político propicio para que pueda iniciarse un diálogo entre las partes como premisa necesaria para que entre todos se busque lo mejor para Yucatán en todos los sentidos.
La falta de acuerdos básicos propicia la ingobernabilidad. Las decisiones ejecutadas no consensuadas, en cualquier régimen que se precie de ser democrático, propician el disenso y éste es la principal fuente de ingobernabilidad. Gobernabilidad, entonces, implica la posibilidad de ejecutar programas y acciones con el consenso de los principales actores políticos. Invito a Torres Arcila a que vuelva a leer mi artículo para que constate el sentido del mismo.
A la ingobernabilidad se ha sumado otro gran problema que es el de la inseguridad que ha surgido en las últimas semanas en Yucatán. Y tiene mucho que ver con la falta de consensos, no sólo con el PAN, sino incluso con los ciudadanos y hasta con los medios de comunicación.
Pongamos un botón de muestra: el nombramiento del titular de la SPV, hoy SPP, se llevó al cabo haciendo caso omiso al “perfil rector” delineado por la sociedad que exigía: “Debe ser profesionista del área que le toque dirigir y con amplio conocimiento y dominio del sector donde se desenvolverá. Debe estar comprometido con la legalidad y por el respeto a los Derechos Humanos. Debe contar con amplio conocimiento y experiencia en la función de seguridad pública y ámbito policial. Tener honestidad y sentido de justicia. Experiencia en los problemas que genera la delincuencia en nuestro estado y en el país en general. Debe tener vocación de servicio y saber escuchar a las personas. Contar con experiencia en manejo y conducción de grupos. Debe ser una persona honesta”. Los mismos ciudadanos se han manifestado abiertamente quejándose porque de poco sirvió esa “consulta”. Pero no fueron escuchados.
En las últimas semanas la sociedad se ha manifestado nuevamente en el sentido de que ese mismo funcionario podría ser la causa de los hechos sangrientos por sus antecedentes en Quintana Roo, pero tampoco ha sido escuchada.
Otro botón de muestra: en vez de llegar a acuerdos para el nombramiento del procurador, como debió ser, la bancada priísta impuso su mayoría con el alegato de que no iba a ser rehén de la minoría panista. Y fue por eso que el nombramiento de ese funcionario se dio mediante una decisión unilateral. Luego los yucatecos fuimos testigos de la lamentable renuncia. Hoy vemos acusaciones y expedientes que se caen.
En otra parte de su escrito Torres Arcila admite que “es evidente que el gobierno tiene que crear las condiciones de confianza para que los ciudadanos participen”. Pero las preguntas son ¿Cómo? ¿Inventando expedientes? Como ocurrió con Richard Caballero y José Carlos Guzmán que ya fueron amparados por la Justicia Federal.
¿Cómo? Apostando ambulancias y después negándolo y culpando al medio de una “mala interpretación”? ¿Cómo? ¿Solapando a hijos de altos funcionarios que cometen delitos sangrientos? ¿Cómo? ¿Inventando daños que jamás existieron tras el paso de un huracán? ¿Cómo? ¿Pidiendo “perfiles rectores” que después no sirvieron? ¿Cómo? ¿Haciendo a un lado a las mujeres del primer círculo de gobierno? ¿Cómo? ¿Inventando conflictos con dependencias federales como ocurrió con los desayunos de Diconsa? ¿Cómo? ¿Persiguiendo a los denunciantes en vez de hacerlo con los denunciados como ocurre en Sotuta? ¿De verdad creen que así puede una autoridad generar un clima de confianza?
Esta posición del PRI confirma que es una utopía pensar que el Ejecutivo estatal tenga la voluntad de generar un ambiente político sano. O por error se niegan a reconocer sus errores o de plano creen que es acertada la forma en que están actuando.
En otra reflexión Torres Arcila afirma que el tema del combate al crimen organizado es un asunto federal nos guste o no. En reiteradas ocasiones el procurador, el titular de la SPP y la titular del Ejecutivo han dicho que no hay evidencias para afirmar que en Yucatán haya crimen organizado. Lo han negado rotundamente. Pero al mismo tiempo se contradicen al afirmar que por tratarse del crimen organizado todo es competencia del Ejecutivo Federal. ¿Entonces?
Coincido con el presidente del PRI en el sentido de que “como mexicanos y yucatecos tenemos la responsabilidad cívica de participar” contra la inseguridad. Esto no está en duda y se está haciendo incluso sin la necesidad de llamado oficial alguno. La marcha por la paz se dio de modo espontáneo y ahí estuvimos.
Lamento que Torres Arcila haya mal interpretado el sentido de mi artículo en el que, para empezar, no toqué medularmente el tema de la inseguridad, y mi única intención era señalar la necesidad urgente de que la autoridad estatal genere las condiciones políticas para que se dé el diálogo, como premisa necesaria para que esté en condiciones de sentarse con todos los actores políticos y sociales a fin de de que entre todos busquen lo mejor para Yucatán en todos los sentidos. El problema es que los ¿cómos? siguen aumentando mes a mes.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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