Hay que aprender a reconocer errores

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política Social y Marketing Electoral

¿Será que todos estamos equivocados?

No cabe la menor duda de que todo este quinquenio será de conflictos que seguirán polarizando a la sociedad. No ha pasado un solo mes, desde que se inició esta administración, sin que se abra un nuevo “frente de batalla”.

Todos los meses surgen uno o varios conflictos nuevos. La colección de desacuerdos, como lo he señalado en anteriores ocasiones, ya es muy amplia y todo parece indicar que seguirá en aumento.

Todos los ofrecimientos de tolerancia, de transparencia, de estar cerca de la gente, de que nadie estará encima de la ley, de que se daría la ciudadanización en el gobierno y muchas otras más, se están quedando en eso: en ofrecimientos.

Los desatinos son más que evidentes: se ofreció tolerancia y ni siquiera se puede llegar a acuerdos para asuntos tan importantes y trascendentales para Yucatán como lo es la seguridad. Se ofreció transparencia, pero vemos cómo siguen surgiendo versiones contradictorias en torno a la construcción del CRIT.

Se ofreció estar cerca de la gente y los viajes no cesan, se hizo el compromiso con la sociedad de que habría una ciudadanización y no se le ha tomado en cuenta, las mujeres siguen brillando por su ausencia en el gabinete y así podríamos mencionar una larga lista.

Lo peor del caso es que quienes detentan el poder de facto no están dispuestos a aceptar crítica alguna por muy constructiva que sea. Ante cualquier señalamiento que se haga al Poder Ejecutivo la respuesta ha sido la misma: “quieren sacar raja política de este asunto”, “sólo buscan la foto”, “quieren confundir a la sociedad”, “todo es legal”, “es culpa de la administración anterior”, etc.

Salen a relucir casos de nepotismo y en vez de admitirlo y corregirlo se busca la manera de darle la vuelta al asunto. Se dice que se están comprando tierras brincándose las leyes y procedimientos y en vez de admitirlo y corregirlo también buscan la manera de darle la vuelta.

Y no es nuevo, recordemos los casos de los 85 niños “intoxicados” de Kinchil, de los 59 municipios “dañados” por Dean, de la “mala interpretación” hecha por el Diario en la apuesta de una ambulancia, de la leche “adulterada” de Alpura, de los procesos “bien fundamentados” contra ex funcionarios de la administración anterior

Se denuncian agresiones contra una legisladora sólo querer entrar a una sesión de Cabildo y Yaxkukul y la respuesta es que fue a provocar. Se denuncian la entrega de apoyos oficiales de modo partidista en Ucú, Hunucmá, Conkal y Dzitás y a pesar de que los alcaldes lo admiten no se hace nada. Se hace notar que la inseguridad va en aumento y aunque por un lado aseguran que no hay elementos para decir que haya delincuencia organizada por el otro se le echa la culpa a la anterior administración y al gobierno federal.

En términos generales, todas las posturas y señalamientos del gobierno actual van en el sentido de que todo lo malo que hoy día ocurre en Yucatán es por culpa de los panistas (patricistas). No ha habido un solo señalamiento de algo bueno que se haya hecho en la administración anterior. Una posición así no es digna de crédito.

El reconocimiento de errores lejos de ser una muestra de debilidad, representa un acto de humildad que puede generar credibilidad y confianza. La defensa a ultranza de situaciones que evidente están mal puede ocasionar todo lo contrario: el descrédito y la desconfianza.

De acuerdo con esta postura de no reconocimiento de errores, entonces los yucatecos tendríamos que “aceptar” que se eligió el mejor gabinete con pleno respeto a los perfiles rectores propuestos por los ciudadanos, que aunque nadie los vio en verdad 85 niños resultaron intoxicados por ingerir leche adulterada que repartió Diconsa, que el Colegio de Abogados está equivocado al opinar sobre el nepotismo en que incurre el cuñado de la titular del Ejecutivo.

También que los penalistas y los tribunales federales no saben lo que dicen al afirmar y resolver que el arraigo es inconstitucional, que los jueces penales que exoneraron al ex director de la Cousey de todos los delitos imputados por la Procuraduría no supieron hacer su trabajo porque el expediente estaba bien fundamentado en la ley, que el Diario mal interpretó a la titular del Ejecutivo al publicar que se apostó una ambulancia, que los destrozos ocasionados por priísta en Sotuta fueron por culpa del alcalde y de su hija.
¿Será que todos estamos equivocados menos ellos?