Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Que cada quien haga conciencia
Hoy día, el término crisis se ha puesto en boga. De acuerdo con el diccionario de La Real Academia Española, crisis significa, entre otras cosas, escasez, carestía, situación dificultosa o complicada, momento decisivo de un asunto grave y de consecuencias importantes.
Se habla de crisis mundiales, crisis económicas, crisis de credibilidad, crisis de valores, etc. Todas las definiciones coinciden en varios aspectos: se trata de algo imprevisible, inestable y poco controlable.
Una de las crisis más recurrentes, que no es nada nuevo, es la que se hace presente en el ámbito político. Como lo señala Luciano H. Elizalde en su libro “Estrategias en las crisis públicas”, la esencia de la crisis política es la pérdida de poder político.
¿Y que es el poder político? Muchos lo confunden con el simple hecho de estar en un puesto de primer nivel, lo cual resulta equivocado. El tener un puesto en cualquier ámbito (gerente, director, gobernador, presidente, alcalde, diputado, etc.) no necesariamente es sinónimo de poder político.
El poder político se adquiere en la medida en que el líder, en cualquiera de “sus presentaciones” -al menos el que se precie de serlo-, entiende la necesidad de refrendar sus adhesiones con quienes considera como sus más cercanos seguidores y de construir consensos con quienes no están de acuerdo con sus posicionamientos o posturas. Esto sólo es posible con la negociación, la búsqueda de entendimientos.
Político que no negocia, porque no sabe o porque no quiere -el efecto es el mismo-, simplemente no está ejerciendo liderazgo. “Político que deja a un lado la negociación cada vez se verá más cercado”, señala Eduardo Betancourt, consultor Venezolano, en su libro “¿Cómo ganarse a los ciudadanos después de ganar las elecciones?”.
El poder político, algunos le llaman capital político, crece gracias a la suma de adhesiones y de consensos. De ahí el adagio de que la política es de sumas y multiplicaciones.
Entonces la crisis política viene a ser el otro lado de la moneda, el de las restas y las divisiones, y como lo señala Luciano Elizalde, puede ser representada como una espiral de disenso; es decir, en la medida en que una institución o un dirigente acumulen disensos o desacuerdos se hallará en una auténtica crisis, esto sin importar que el cargo que ocupe sea uno de los más encumbrados.
Roberto Izurieta, coautor del libro “Estrategias de comunicación para gobiernos”, indica que el recurso financiero por sí solo no otorga poder político, porque este siempre será insuficiente. Aunque, desde luego, cuando es bien utilizado es un factor necesario para el ejercicio del mismo.
Por su puesto, no estoy hablando de la compra de voluntades ya que cuando ésta se hace presente, entonces la relación humana se convierte en “clientelismo”, actitud o acción que va contra los cánones de la política, porque postura ética queda al margen.
Las crisis se ven agravadas cuando las situaciones de desacuerdo son ventiladas públicamente, ya que se está involucrando a agentes aún más difíciles de controlar: los medios de comunicación.
Una vez en el ámbito público, la cantidad de disensos que puede ser acumulada es incalculable, porque la información ya está, vías medios masivos, en las mentes de muchos otros agentes cuyas reacciones son insospechadas, lo que aumenta aún más el descontrol sobre la situación crítica. Esta situación, por lo general, es aprovechada por la competencia, en el caso de las empresas, o por la oposición, en el caso de los partidos políticos, en su beneficio, haciendo a la crisis todavía más compleja e incontrolable.
Una de las consecuencias graves, o de “costos prohibidos” como le dicen los expertos, de las crisis es el daño a la marca, que, desde luego, se traduce en ausencia de credibilidad y desconfianza.
Vertidos los conceptos anteriores, podemos comprender las crisis por las que pasan hoy día los dirigentes, los partidos y los gobiernos. Esta es una posición daltónica basada en conceptos doctrinarios y técnicos. Que cada quien haga conciencia sobre las consecuencias de sus propias crisis.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
viernes, 18 de abril de 2008
sábado, 12 de abril de 2008
¿Dónde está la justicia social prometida?
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Daniel Jesús Carrillo Polanco (*)
Migajas para muchos y abundancia para pocos
El tema se las abultadas pensiones que reciben diversos funcionarios estatales no sólo viene a constituirse como una nueva violación a la normas jurídicas, sino que además, nuevamente, saca a relucir el incumplimiento de ofrecimientos de campaña y oficiales, así como la falta de transparencia en el manejo del erario.
Recordemos algunos ofrecimientos, en los que quizá mucha gente creyó: “¡Imagínense qué podemos hacer con $400 millones de pesos!”, fue una de las promesas pronunciadas durante uno de los debates, cuando se aseguró que serían rebajados los sueldos de altos funcionarios.
No sólo no se ha cumplido esta promesa sino que incluso hubo un aumento en la burocracia, aunque con mil vueltas fue negado. La realidad es que en vez de ahorrar $400 millones en sueldos ahora se gastan más $400 millones demás en el mismo rubro. Diario de Yucatán, 5 de diciembre de 2007. ¿Esto es lo que quería la gente?
Otro ofrecimiento: “A los funcionarios de los niveles superiores les exijo un compromiso sincero con Yucatán y su gente, y su respaldo para poner fin a sueldos excesivos”.
¿Qué paso? ¿No hubo compromiso sincero ni respaldo de los funcionarios a la titular del Ejecutivo para poner fin con los sueldos excesivos? ¿Esto es lo que quería la gente?
Peor aún. Ahora salen a relucir pensiones excesivas que fueron otorgadas a personajes que, indebidamente, siguen ocupando cargos con sueldos excesivos. Por sentido común, ¿no se supone que estas prestaciones se otorgan como una manera de garantizar el sustento de quienes ya no pueden trabajar por su vejez o por un impedimento físico?
Según publicaciones del Diario de Yucatán, en la lista de pensionados y jubilados del gobierno del Estado hay una veintena de políticos y ex políticos, la mayoría vinculados al grupo de Víctor Cervera Pacheco. Todos ellos cobran cuantiosas sumas que contribuyen a inflar el presupuesto de ese rubro.
El gobierno estatal gastará este año $511.295,000 en el pago de pensiones y jubilaciones, cifra 100% mayor que la de 2001, aunque el número de pensionados disminuyó de 8,447 en 2001 a 5,324 en 2006, o sea, el 36.9%. Yucatán, agrega el Diario, es el único Estado del país que durante ese período aumentó el gasto en el pago de pensiones y jubilaciones, pero disminuyó el número de beneficiarios.
Recordemos otros ofrecimientos oficiales: “Ningún político puede estar satisfecho con su labor, mientras la pobreza siga afectando a uno de cada tres yucatecos. Ningún político puede estar satisfecho mientras las oportunidades de éxito en la vida sigan siendo distribuidas de forma tan injusta”.
¿Cuántas vueltas y cuántos trámites tienen que dar y cubrir trabajadores que no gozan del influyentismo para obtener el beneficio de una pensión y que finalmente obtienen un pago de $1,200 mensuales? Miles de trabajadores están conscientes de esta situación.
Mientras un funcionario recibe $40,000 de pensión vitalicia y otros $40,000 de sueldo, sólo por mencionar un ejemplo, los campesinos reciben $500 mensuales como un “reconocimiento” de un programa estatal. ¿Es esta la manera justa de distribuir las oportunidades de éxito?
¿Dónde está la justicia social mientras ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia reciben pensiones de $52,155 a $62,126 mensuales, los empleados de Poder Judicial, quienes sí trabajan, tengan la necesidad de estar protestando en las calles sin que haya alguien que los escuche?
¿Por qué el silencio de quien ofreció apoyar a los verdaderos trabajadores, de reducir excesivos sueldos de los altos funcionarios y de proponer que mejores oportunidades de éxito?
Ahora la pregunta es: ¿Se imaginan lo que se haría por Yucatán y/o por los yucatecos que de verdad lo necesitan con todo el dinero que ilegal e injustamente reciben funcionarios por el cobro de excesivas pensiones y de excesivos sueldos?
Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
(*) Master en comunicación política y marketing electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Daniel Jesús Carrillo Polanco (*)
Migajas para muchos y abundancia para pocos
El tema se las abultadas pensiones que reciben diversos funcionarios estatales no sólo viene a constituirse como una nueva violación a la normas jurídicas, sino que además, nuevamente, saca a relucir el incumplimiento de ofrecimientos de campaña y oficiales, así como la falta de transparencia en el manejo del erario.
Recordemos algunos ofrecimientos, en los que quizá mucha gente creyó: “¡Imagínense qué podemos hacer con $400 millones de pesos!”, fue una de las promesas pronunciadas durante uno de los debates, cuando se aseguró que serían rebajados los sueldos de altos funcionarios.
No sólo no se ha cumplido esta promesa sino que incluso hubo un aumento en la burocracia, aunque con mil vueltas fue negado. La realidad es que en vez de ahorrar $400 millones en sueldos ahora se gastan más $400 millones demás en el mismo rubro. Diario de Yucatán, 5 de diciembre de 2007. ¿Esto es lo que quería la gente?
Otro ofrecimiento: “A los funcionarios de los niveles superiores les exijo un compromiso sincero con Yucatán y su gente, y su respaldo para poner fin a sueldos excesivos”.
¿Qué paso? ¿No hubo compromiso sincero ni respaldo de los funcionarios a la titular del Ejecutivo para poner fin con los sueldos excesivos? ¿Esto es lo que quería la gente?
Peor aún. Ahora salen a relucir pensiones excesivas que fueron otorgadas a personajes que, indebidamente, siguen ocupando cargos con sueldos excesivos. Por sentido común, ¿no se supone que estas prestaciones se otorgan como una manera de garantizar el sustento de quienes ya no pueden trabajar por su vejez o por un impedimento físico?
Según publicaciones del Diario de Yucatán, en la lista de pensionados y jubilados del gobierno del Estado hay una veintena de políticos y ex políticos, la mayoría vinculados al grupo de Víctor Cervera Pacheco. Todos ellos cobran cuantiosas sumas que contribuyen a inflar el presupuesto de ese rubro.
El gobierno estatal gastará este año $511.295,000 en el pago de pensiones y jubilaciones, cifra 100% mayor que la de 2001, aunque el número de pensionados disminuyó de 8,447 en 2001 a 5,324 en 2006, o sea, el 36.9%. Yucatán, agrega el Diario, es el único Estado del país que durante ese período aumentó el gasto en el pago de pensiones y jubilaciones, pero disminuyó el número de beneficiarios.
Recordemos otros ofrecimientos oficiales: “Ningún político puede estar satisfecho con su labor, mientras la pobreza siga afectando a uno de cada tres yucatecos. Ningún político puede estar satisfecho mientras las oportunidades de éxito en la vida sigan siendo distribuidas de forma tan injusta”.
¿Cuántas vueltas y cuántos trámites tienen que dar y cubrir trabajadores que no gozan del influyentismo para obtener el beneficio de una pensión y que finalmente obtienen un pago de $1,200 mensuales? Miles de trabajadores están conscientes de esta situación.
Mientras un funcionario recibe $40,000 de pensión vitalicia y otros $40,000 de sueldo, sólo por mencionar un ejemplo, los campesinos reciben $500 mensuales como un “reconocimiento” de un programa estatal. ¿Es esta la manera justa de distribuir las oportunidades de éxito?
¿Dónde está la justicia social mientras ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia reciben pensiones de $52,155 a $62,126 mensuales, los empleados de Poder Judicial, quienes sí trabajan, tengan la necesidad de estar protestando en las calles sin que haya alguien que los escuche?
¿Por qué el silencio de quien ofreció apoyar a los verdaderos trabajadores, de reducir excesivos sueldos de los altos funcionarios y de proponer que mejores oportunidades de éxito?
Ahora la pregunta es: ¿Se imaginan lo que se haría por Yucatán y/o por los yucatecos que de verdad lo necesitan con todo el dinero que ilegal e injustamente reciben funcionarios por el cobro de excesivas pensiones y de excesivos sueldos?
Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
(*) Master en comunicación política y marketing electoral
sábado, 5 de abril de 2008
Mirando la paja en el ojo ajeno
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Daniel Jesús Carrillo Polanco
Ahora los funcionarios estatales son “perfectos”
Nadie, absolutamente nadie, está exento de incurrir en errores. Así ocurre en cualquier administración de gobierno. Es trabajo hecho por humanos. Pero de ahí a que se diga que todo, absolutamente todo, estuvo mal francamente implica una posición absurda y carente de credibilidad.
Como van las cosas, todo parece indicar que los cinco años de esta administración estatal transcurrirán con críticas hacia todo lo que se hizo en el sexenio anterior ¿Cuál es el objetivo? Tratar de imponer la percepción de que los yucatecos se equivocaron al permitir que un partido distinto al PRI llegue al ejercicio del poder.
Tal parece que quienes ocupan las posiciones de poder trabajan a la perfección y tan es así que no aceptan crítica alguna. A todo lo dan la vuelta diciendo que “se quiere politizar”. Se la pasan mirando la paja en el ojo ajeno sin preocuparse de la viga que tienen en el propio.
Sólo por mencionar algunos ejemplos. En la semana anterior salieron a relucir nuevas graves violaciones al Estado de Derecho. Se informó que en la Junta de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) se violaron las normas ya que de agosto de 2007 a la fecha, su Consejo Directivo no ha sesionado ni una sola vez, ni siquiera para instalarse y dar posesión al director de esa dependencia.
En vez de admitir el error, un funcionario declaró: “Eso no es ningún problema (el que no haya sesionado en ocho meses el Consejo Directivo) porque esta administración no tiene ni un año de que comenzó. Por tanto, se está a tiempo para hacer las cuatro sesiones (a las que obliga la norma) antes que se cumpla ese plazo.
Agregó: “Aunque parezca grotesco (sic), hasta en un mes se pueden hacer las cuatro sesiones y con eso cumplimos lo que dice la ley, porque ésta no marca las fechas en que deban ser las sesiones. ¿Y como subsanar el hecho de que ese Consejo Directivo no haya aprobado un presupuesto que ya se está ejerciendo? Sólo por mencionar algo. No parece grotesco, es totalmente grotesco intentar “corregir” una pifia como esta.
En otro asunto, también salió a relucir el grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, tal y como lo señaló el presidente de la Coparmex y que con anterioridad habían señalado consejeros del Institución de Acceso a la Información Pública.
En el caso del Poder Legislativo, dominado por una mayoría priísta, ya pasaron nueve meses sin que tenga resultados de la fiscalización a los alcaldes que se fueron sin entregar cuentas claras.
En el caso del Ejecutivo, también se dio a conocer que en una revisión de la página de Internet se descubrió la “desaparición” de datos e información que, por ley, debería ser pública. Pero, como siempre, no pasa nada. Seguro que todos quienes digan que no hay transparencia están totalmente equivocados.
En vez de preocuparse por evitar incurrir en estas graves irregularidades, algunos funcionarios se erigen como arquitectos y/o ingenieros, para emitir un “dictamen público” -sobre el nuevo edificio que se construye para la Secretaría de Seguridad Pública- plagado de adjetivos y de ironía que de antemano saben que serán del gusto de los medios.
Otro golpe mediático. Una nueva exhibición al “mal gobierno del sexenio anterior”. Igual que pasó con el caso de la Cousey, que derivó en la detención de su ex director, y aunque finalmente salió a relucir la verdad y éste obtuvo su libertad lisa y llana, siempre sostuvieron que su expediente penal era perfecto. Entonces, todos, quienes tuvieron que ver con la liberación del acusado, se equivocaron.
A nadie le extrañará que esta misma actitud siga en lo que resta a la actual administración. Finalmente, esta posición que adoptan los llamados revolucionarios se enfoca a hacer creer que toda la pobreza, que todas las deficiencias educativas, que todos los rezagos en infraestructura, que toda la falta de transparencia, que todo, absolutamente todo lo malo, lo ineficiente y lo ineficaz que existe en Yucatán es a consecuencia de los seis años anteriores a la actual administración. Y en contraste, que los salvadores de todos estos males generados en un sexenio son los actuales funcionarios perfectos.
(*) Master en comunicación política y marketing electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Daniel Jesús Carrillo Polanco
Ahora los funcionarios estatales son “perfectos”
Nadie, absolutamente nadie, está exento de incurrir en errores. Así ocurre en cualquier administración de gobierno. Es trabajo hecho por humanos. Pero de ahí a que se diga que todo, absolutamente todo, estuvo mal francamente implica una posición absurda y carente de credibilidad.
Como van las cosas, todo parece indicar que los cinco años de esta administración estatal transcurrirán con críticas hacia todo lo que se hizo en el sexenio anterior ¿Cuál es el objetivo? Tratar de imponer la percepción de que los yucatecos se equivocaron al permitir que un partido distinto al PRI llegue al ejercicio del poder.
Tal parece que quienes ocupan las posiciones de poder trabajan a la perfección y tan es así que no aceptan crítica alguna. A todo lo dan la vuelta diciendo que “se quiere politizar”. Se la pasan mirando la paja en el ojo ajeno sin preocuparse de la viga que tienen en el propio.
Sólo por mencionar algunos ejemplos. En la semana anterior salieron a relucir nuevas graves violaciones al Estado de Derecho. Se informó que en la Junta de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) se violaron las normas ya que de agosto de 2007 a la fecha, su Consejo Directivo no ha sesionado ni una sola vez, ni siquiera para instalarse y dar posesión al director de esa dependencia.
En vez de admitir el error, un funcionario declaró: “Eso no es ningún problema (el que no haya sesionado en ocho meses el Consejo Directivo) porque esta administración no tiene ni un año de que comenzó. Por tanto, se está a tiempo para hacer las cuatro sesiones (a las que obliga la norma) antes que se cumpla ese plazo.
Agregó: “Aunque parezca grotesco (sic), hasta en un mes se pueden hacer las cuatro sesiones y con eso cumplimos lo que dice la ley, porque ésta no marca las fechas en que deban ser las sesiones. ¿Y como subsanar el hecho de que ese Consejo Directivo no haya aprobado un presupuesto que ya se está ejerciendo? Sólo por mencionar algo. No parece grotesco, es totalmente grotesco intentar “corregir” una pifia como esta.
En otro asunto, también salió a relucir el grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, tal y como lo señaló el presidente de la Coparmex y que con anterioridad habían señalado consejeros del Institución de Acceso a la Información Pública.
En el caso del Poder Legislativo, dominado por una mayoría priísta, ya pasaron nueve meses sin que tenga resultados de la fiscalización a los alcaldes que se fueron sin entregar cuentas claras.
En el caso del Ejecutivo, también se dio a conocer que en una revisión de la página de Internet se descubrió la “desaparición” de datos e información que, por ley, debería ser pública. Pero, como siempre, no pasa nada. Seguro que todos quienes digan que no hay transparencia están totalmente equivocados.
En vez de preocuparse por evitar incurrir en estas graves irregularidades, algunos funcionarios se erigen como arquitectos y/o ingenieros, para emitir un “dictamen público” -sobre el nuevo edificio que se construye para la Secretaría de Seguridad Pública- plagado de adjetivos y de ironía que de antemano saben que serán del gusto de los medios.
Otro golpe mediático. Una nueva exhibición al “mal gobierno del sexenio anterior”. Igual que pasó con el caso de la Cousey, que derivó en la detención de su ex director, y aunque finalmente salió a relucir la verdad y éste obtuvo su libertad lisa y llana, siempre sostuvieron que su expediente penal era perfecto. Entonces, todos, quienes tuvieron que ver con la liberación del acusado, se equivocaron.
A nadie le extrañará que esta misma actitud siga en lo que resta a la actual administración. Finalmente, esta posición que adoptan los llamados revolucionarios se enfoca a hacer creer que toda la pobreza, que todas las deficiencias educativas, que todos los rezagos en infraestructura, que toda la falta de transparencia, que todo, absolutamente todo lo malo, lo ineficiente y lo ineficaz que existe en Yucatán es a consecuencia de los seis años anteriores a la actual administración. Y en contraste, que los salvadores de todos estos males generados en un sexenio son los actuales funcionarios perfectos.
(*) Master en comunicación política y marketing electoral
viernes, 4 de abril de 2008
Discursos y frases que dejaron huella para siempre
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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