¿Dónde está la justicia social prometida?

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Daniel Jesús Carrillo Polanco (*)

Migajas para muchos y abundancia para pocos

El tema se las abultadas pensiones que reciben diversos funcionarios estatales no sólo viene a constituirse como una nueva violación a la normas jurídicas, sino que además, nuevamente, saca a relucir el incumplimiento de ofrecimientos de campaña y oficiales, así como la falta de transparencia en el manejo del erario.

Recordemos algunos ofrecimientos, en los que quizá mucha gente creyó: “¡Imagínense qué podemos hacer con $400 millones de pesos!”, fue una de las promesas pronunciadas durante uno de los debates, cuando se aseguró que serían rebajados los sueldos de altos funcionarios.

No sólo no se ha cumplido esta promesa sino que incluso hubo un aumento en la burocracia, aunque con mil vueltas fue negado. La realidad es que en vez de ahorrar $400 millones en sueldos ahora se gastan más $400 millones demás en el mismo rubro. Diario de Yucatán, 5 de diciembre de 2007. ¿Esto es lo que quería la gente?

Otro ofrecimiento: “A los funcionarios de los niveles superiores les exijo un compromiso sincero con Yucatán y su gente, y su respaldo para poner fin a sueldos excesivos”.

¿Qué paso? ¿No hubo compromiso sincero ni respaldo de los funcionarios a la titular del Ejecutivo para poner fin con los sueldos excesivos? ¿Esto es lo que quería la gente?

Peor aún. Ahora salen a relucir pensiones excesivas que fueron otorgadas a personajes que, indebidamente, siguen ocupando cargos con sueldos excesivos. Por sentido común, ¿no se supone que estas prestaciones se otorgan como una manera de garantizar el sustento de quienes ya no pueden trabajar por su vejez o por un impedimento físico?

Según publicaciones del Diario de Yucatán, en la lista de pensionados y jubilados del gobierno del Estado hay una veintena de políticos y ex políticos, la mayoría vinculados al grupo de Víctor Cervera Pacheco. Todos ellos cobran cuantiosas sumas que contribuyen a inflar el presupuesto de ese rubro.

El gobierno estatal gastará este año $511.295,000 en el pago de pensiones y jubilaciones, cifra 100% mayor que la de 2001, aunque el número de pensionados disminuyó de 8,447 en 2001 a 5,324 en 2006, o sea, el 36.9%. Yucatán, agrega el Diario, es el único Estado del país que durante ese período aumentó el gasto en el pago de pensiones y jubilaciones, pero disminuyó el número de beneficiarios.

Recordemos otros ofrecimientos oficiales: “Ningún político puede estar satisfecho con su labor, mientras la pobreza siga afectando a uno de cada tres yucatecos. Ningún político puede estar satisfecho mientras las oportunidades de éxito en la vida sigan siendo distribuidas de forma tan injusta”.

¿Cuántas vueltas y cuántos trámites tienen que dar y cubrir trabajadores que no gozan del influyentismo para obtener el beneficio de una pensión y que finalmente obtienen un pago de $1,200 mensuales? Miles de trabajadores están conscientes de esta situación.

Mientras un funcionario recibe $40,000 de pensión vitalicia y otros $40,000 de sueldo, sólo por mencionar un ejemplo, los campesinos reciben $500 mensuales como un “reconocimiento” de un programa estatal. ¿Es esta la manera justa de distribuir las oportunidades de éxito?

¿Dónde está la justicia social mientras ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia reciben pensiones de $52,155 a $62,126 mensuales, los empleados de Poder Judicial, quienes sí trabajan, tengan la necesidad de estar protestando en las calles sin que haya alguien que los escuche?

¿Por qué el silencio de quien ofreció apoyar a los verdaderos trabajadores, de reducir excesivos sueldos de los altos funcionarios y de proponer que mejores oportunidades de éxito?

Ahora la pregunta es: ¿Se imaginan lo que se haría por Yucatán y/o por los yucatecos que de verdad lo necesitan con todo el dinero que ilegal e injustamente reciben funcionarios por el cobro de excesivas pensiones y de excesivos sueldos?

Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
(*) Master en comunicación política y marketing electoral