Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
¿Sigue el beneficio de la duda?
Recordatorio 1: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando todo por el bien y la prosperidad de la unión y el Estado, y si así no lo hiciere que la nación y el Estado me lo demanden”.
Recordatorio 2: “Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la ley”.
Así, bajo la protesta constitucional y un ofrecimiento oficial, comenzó una nueva gestión que generó amplias expectativas entre los yucatecos. Muchos, acertadamente, pidieron que no se califique antes de tiempo y que lo conveniente era otorgar el beneficio de la duda.Lamentablemente, en los primeros minutos del inicio de la nueva gestión vino el estreno
¿Se acuerdan que el Colegio de Abogados advirtió que se incurría en violaciones a diversas normas por el nombramiento del cuñado de la titular del Ejecutivo como subsecretario de gobierno? Dicho en otras palabras, que se incurría en nepotismo. La opinión de los expertos no fue tomada en cuenta y la presunta violación sigue vigente. ¿Y los perfiles rectores? Tampoco fueron respetados.
La mal llamada policía estatal, implica otra violación a las constituciones federal y estatal que establecen que la seguridad pública es un área que corresponde a los ayuntamientos. Lo mismo podemos decir del agua potable ya que las dos constituciones ordenan que es un servicio que debe estar a cargo de los ayuntamientos, pero tampoco es así. ¿Guardar y hacer guardar la Constitución?
¿Y el derecho de petición? Legisladores panistas solicitaron en varias ocasiones al Poder Ejecutivo un informe detallado de los supuestos daños que causó el huracán Dean en 59 municipios. La Constitución consagra esa garantía individual pero, lamentablemente, jamás se dio respuesta a los solicitantes.
¿Y qué pasó con la garantía de libertad de expresión, también consagrada en la Constitución Federal, cuando policías civiles y de la entonces SPV, con lujo de violencia, disolvieron una protesta pacífica que realizaban taxistas y sus familias frente al Palacio de Gobierno? ¿Y cuando se negó al ex gobernador panista una entrevista en el Grupo IMER en donde iba a hablar sobre el caso de la Cousey?
Ahora, vemos con preocupación ue el primer año concluye igual que como empezó: en medio de graves acusaciones de violar normas jurídicas. Ahora la polémica gira en torno al momento en que se debe hacer publicidad con motivo del primer informe de gestión.La Constitución Federal y la Constitución local, así como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fijan las normas conforme a las cuales una autoridad puede hacer propaganda.
El artículo 134 de la Constitución Federal señala los límites a los que se debe sujetar una autoridad para difundir sus actividades cotidianas y es muy clara al precisar que “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
El artículo 228 del COFIPE establece como única excepción de la disposición anterior el momento en que la autoridad rinda su informe anual. Es cuando puede, una sola vez al año, promocionar imágenes, nombres y voces que impliquen promoción personalizada sin que se considere propaganda política. Pero dice claramente que esta excepción se da cuando se deba rendir el informe anual de gestión, no en cualquier momento.
¿Y cuándo debe el Ejecutivo rendir su informe anual? El artículo 28 de la Constitución de Yucatán despeja esta interrogante al señalar que “El Congreso celebrará el tercer domingo de octubre de cada uno de los primeros cinco años del período del Ejecutivo y el segundo domingo de junio del sexto año del mismo, una sesión solemne en la cual el Gobernador del Estado deberá rendir un informe por escrito, acerca de la situación que guarden las diversas ramas de la administración”. Ahora la ley obliga a la autoridad a rendir el informe anual en octubre y no en agosto como estaba antes.
No obstante que las leyes son claras, a partir del viernes 25 pasado, comenzamos a escuchar spots de radio y de televisión, y comenzamos a ver desplegados con imágenes de la titular del Ejecutivo que podrían podría constituir una nueva violación a las normas fundamentales y al COFIPE. Esto a pesar de los reiterados señalamientos que ya se hicieron ¿Siguen dando los yucatecos el beneficio de la duda? ¿Hay dudas?
Cola de nota
Priístas y regidores no panistas criticaron al alcalde de Mérida por difundir publicidad con su imagen dentro los plazos legales permitidos por la constitución. Hoy la titular del Ejecutivo hace lo mismo, pero con dos pequeños detalles de por medio: su publicidad es mucho más profusa y todo parece indicar que está al margen de la legalidad.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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