La legalidad, un asunto pendiente

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Recuento de hechos

Hace poco más de un año se prometió que nadie, absolutamente nadie, estaría encima de la ley. De acuerdo con lo que se ha ventilado públicamente, a lo largo de los primeros 14 meses del actual quinquenio, los contrastes en esta materia son muy notorios: persecución contra quienes no comulgan con quienes están en el gobierno e impunidad con quienes son parte de la “nueva mayoría ciudadana”.

Por un lado, se inventaron expedientes contra ex funcionarios, como ocurrió en el caso de la extinta Cousey. Se hizo todo un escándalo mediático con la intención de desacreditar el gobierno anterior, pero luego el acusado salió sin un solo cargo. Queda para la historia la acusación de robo calificado de una presentación de “power point”.

En Sotuta, una turba de priistas causó destrozos en el Palacio y en vez de ejercer acción persecutoria contra los verdaderos responsables, las acusaciones se enfocaron a los denunciantes. Los delincuentes siguen gozando de impunidad.

Otro caso muy comentado fue el de Richard Caballero Tun, quien estuvo preso varios meses, acusado de haber “robado” información, delito que no está tipificado en el código penal y por lo cual ya obtuvo su libertad gracias a un amparo de la justicia federal. Según el afectado lo apresaron sólo porque se negó a firmar su “renuncia voluntaria”.

Por otro lado, en cambio, alto funcionario sigue ocupando un puesto de subsecretario pese al parentesco que tiene con la titular del Ejecutivo, lo que se conoce como nepotismo. Así lo señaló en su momento el Colegio de Abogados. Además que diversos familiares de nuevos funcionarios también tienen puestos en varias dependencias.

El hijo del titular de la entonces SPV, hoy SSP, policía truncó la vida de dos jóvenes en un accidente. Algunos medios no dieron cuenta de este terrible hecho. Al muchacho ni siquiera le hicieron los exámenes de rigor para comprobar su estado y menos fue consignado. En esos mismos días, un señor de edad avanzada ocasionó un accidente que con su triciclo cuando trabajaba. El saldo sólo fue de daños menores, pero fue suficiente para ser remitido a la cárcel en donde estuvo varios días.

También, el hijo del director general del Instituto del Deporte de Yucatán, se vio involucrado en un aparatoso accidente en la carretera Mérida-Progreso, a la altura del fraccionamiento Flamboyanes, en el que falleció uno de sus acompañantes, de 18 años de edad, seleccionado estatal de béisbol. Al igual que el caso anterior el joven implicado se retiró del lugar sin que sea detenido por los elementos policiacos en tanto los hechos se esclarecían.

El dirigente sindical de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, identificado con la ola roja del Ejecutivo, al margen de la legalidad, invadió y secuestró las instalaciones del edificio del Hospital de Alta especialidad como medida de presión contra el gobierno federal.

Pese a que las normas fundamentales dicen expresamente que sólo una vez al año los gobernantes pueden hacerse publicidad y sólo con motivo del informe de gobierno, el Ejecutivo gasta varios millones de pesos en un llamado “informe ciudadano”, figura que no existe en el ámbito constitucional. El COFIPE establece que el informe anual de labores no será considerado como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, y que en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

La ley es clara: los plazos para la publicidad deben ser antes y después al día en que se deba rendir el informe constitucional. La violación a la ley consiste en que toda esa publicidad se hizo en agosto, cuando la obligación constitucional de rendir el informe fue el pasado domingo 19.

Tras haber sido acusado de dirigir extorsiones a distribuidores clandestinos de discos “piratas” un subsecretario de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Ariel Farjat Sánchez fue separado de su cargo. Sin embargo, en vez de investigar y sancionar a este funcionario público, el Ejecutivo lo nombró subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero.

Recientemente un hijo de distinguido priista, ex senador de la República, se vio envuelto en un lío con policías de un retén. De acuerdo con la versión del Diario, esta persona fue retenida porque los vidrios de su auto estaban con polarizados prohibidos. Con unas cuantas llamadas su papá obtuvo la liberación de su vástago sin problema alguno y sin que lo obliguen a quitar el polarizado como lo han hecho con todos los ciudadanos.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco Master en
Comunicación Política y Marketing Electoral