Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Dar la cara y ser transparente
Un error interno, una mala decisión o un mal manejo de la comunicación en una situación de crisis pueden ser devastadores para los políticos, los gobernantes o las instituciones públicas o privadas.
Me pareció un acierto la postura adoptada por el alcalde de Mérida en relación con la renuncia de quien fuera su directora de comunicación y relaciones públicas, quien, al parecer, está involucrada en problemas de carácter económico.
En el caso hay que considerar los siguientes aspectos:
a) En la versión oficial se señala que se trata de un problema personal de la ex funcionaria.
b) Por tanto, no hay afectación alguna a los recursos del Ayuntamiento.
Con base en lo anterior se suscitaron los siguientes hechos:
a) La renuncia oportuna de la involucrada.
b) El caso fue dado a conocer de manera pública, de frente a los medios de comunicación.
c) Y lo más importante: la disposición de que se haga una revisión exhaustiva de las finanzas municipales.
El pronunciamiento fue en los siguientes términos: “Por tratarse de una funcionaria, ahora ex funcionaria, del Ayuntamiento, ponemos a disposición de los ciudadanos, de las cámaras empresariales, colegios de profesionales, en particular al de los Contadores Públicos y de otras instituciones, las cuentas públicas de la Comuna, en especial el de tres dependencias con las que ella tenía vínculos, Comunicación Social, Cultura y el Comité Permanente del Carnaval”.
Esta decisión deja sin argumentos a cualquier agente que pudiera ser punta de lanza de una situación de crisis política contra la autoridad municipal. Ahora toca a los ciudadanos, a los colegios, a los contadores que tuviesen alguna duda responder al llamado de hacer las revisiones que consideren pertinentes.
Algunos regidores de oposición, entrevistados después de concluida la sesión en la que se dio a conocer el caso, se quejaron de la falta de claridad sobre los motivos de la renuncia, pero durante la sesión no cuestionaron nada. Si quieren más claridad, que revisen las cuentas.
Los motivos de la renuncia, en este caso, a mi parecer, no son relevantes, dado que fue eso: una renuncia, sobre todo si se considera que legalmente es viable al no tratarse de un puesto de elección popular. La renunciante tendrá que responder de sus actos de manera personal.
Por lo general, los políticos y los gobernantes cometen el error de tratar de ocultar un hecho que pudiera afectar su imagen. El caso es que cuando es filtrado a algún medio, ante la falta de información oficial se generan la extraoficial.
Otro error muy frecuente consiste en inventar versiones oficiales que luego, al no tener sustento alguno, la crisis pública se agrava aún más.
Un ejemplo claro de mal manejo mediático es el caso de la aeronave, propiedad del Poder Ejecutivo local, misma que fue remozada mediante millonario gasto. Este asunto salió a la luz pública a consecuencia de una filtración, no por voluntad propia de informar.
Empero, la autoridad estatal ofreció que en adelante estaría en la mejor disposición de informar, pero cuando se le requirieron más datos no sólo los negó, sino que incluso remitió al Diario a la unidad de acceso a la información bajo la advertencia de que ahí “procurarían responder”. Al cumplirse el plazo para que el Ejecutivo responda nuevamente no lo hizo y pidió un nuevo plazo de cuatro meses. Entonces de genera la duda ¿qué tienen que ocultar?
La diferencia entre uno y otro caso radica en la voluntad de ser o no transparente, de dar la cara afrontando la situación difícil y sobre todo ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Esta aportación sólo implica un análisis de cómo deben proceder las autoridades en los casos en que pueden verse involucradas en crisis públicas. Es mi opinión personal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
sábado, 28 de febrero de 2009
sábado, 21 de febrero de 2009
Promesas v.s. realidades en salud
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Mítines, boicots, negligencias…
Con el transcurso del tiempo, como es natural, uno tiende a olvidar. Por eso es conveniente hacer un recordatorio sobre los ofrecimientos formulados a los ciudadanos y un recuento de hechos para verificar si aquéllos se están cumpliendo o no.
Recordemos algunos de las promesas del 1 de agosto de 2006 en el Congreso local:
a) “Tendremos hospitales donde se salven vidas, y no donde se vivan carencias inaceptables”.
b) “Hospitales donde se trabaje bien y donde la consulta sea mejor”.
c) Nunca más un ciudadano verá truncada su vida productiva por falta de atención o apoyo médico adecuado.
Expertos en la materia han señalado que el O´Horán, dadas sus condiciones físicas, ya no es funcional. Es notoria la saturación existente que impide una adecuada atención. Situación que está cobrando vidas.
El Gobierno Federal impulsó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), como alternativa para cubrir las carencias en el sector salud.
Empero, el HRAE ha sido rehén de intereses personales. El 14 de mayo de 2008, Alvar Rubio, primo de la gobernadora, con lujo de prepotencia, cortando candados y rompiendo cerrojos, secuestró las instalaciones del HRAE para evitar su apertura, colocar a sus allegados y destituir al director.
Además, promovió un paro de labores en los centros de salud, el materno y las clínicas de Valladolid y Tizimín, en perjuicio de la gente más necesitada. Alvar Rubio recibió como premio el nombramiento de secretario general de la CNOP.
El 29 de junio de 2008, Víctor Rodríguez Rodríguez, envió a Voces del Público lo siguiente: “Escribo esto para ver si el gobierno del Estado presta atención y pone un alto a los problemas que suceden en la Secretaría de Salud, donde no hay un secretario o un director que aplique lo que la ley le confiere y no se deje mangonear por un seudolíder sindical llamado Álvar Rubio, quien en esta administración hace y deshace a su gusto, como en el Hospital O'Horán, donde junto con la administradora nos obligaron a los trabajadores, el día de la toma del Hospital de Alta Especialidad, a abandonar nuestras labores para apoyar la causa, y si no lo hacíamos tomarían represalias”.
El 26 de enero pasado, el Dr. Hugo Laviada Molina denunció que el boicot político que ha impuesto el Ejecutivo al HRAE pone en riesgo la salud de niños yucatecos, porque se prefirió posponer el programa de cardiología infantil Cable Salvavidas, que se realiza con apoyo del Hospital Mercy de Iowa, que usar los servicios que ofrece el hospital de Altabrisa.
El 4 de febrero pasado, el Diario publicó que Nelly Balam Bacab, dejó en la orfandad a tres hijos al fallecer a las puertas del área de urgencias del O'Horán. Ese mismo día, el Diario publicó: “La “Ola roja” fue numerosa en la visita presidencial. Empleados del sector salud recibieron la instrucción de estar en el Siglo XXI a las 13 horas. Se les prometió una base laboral”.
Se propuso a los legisladores priistas un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora a que firme un convenio de colaboración con el HRAE, pero se negaron porque era una medida que tenían que “analizar con responsabilidad”.
En menos de 20 días, se suscitó una nueva muerte en el O'Horán, la de una niña que estaba a punto de nacer. La madre, María Luisa Hoil Puc, permaneció más de dos horas y media con dolores de parto a las afueras del hospital ya que no había camas, ni camillas para ingresarla.
También, el Diario publicó la historia de Sandra Patricia Zapata, quien hace meses lucha, sin éxito, por obtener su base en el O´Horán, y ha tenido que asistir a mítines en la ex Casa del Pueblo, al aniversario de la “nueva mayoría ciudadana” en el Siglo XXI, y a la toma del HRAE.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Mítines, boicots, negligencias…
Con el transcurso del tiempo, como es natural, uno tiende a olvidar. Por eso es conveniente hacer un recordatorio sobre los ofrecimientos formulados a los ciudadanos y un recuento de hechos para verificar si aquéllos se están cumpliendo o no.
Recordemos algunos de las promesas del 1 de agosto de 2006 en el Congreso local:
a) “Tendremos hospitales donde se salven vidas, y no donde se vivan carencias inaceptables”.
b) “Hospitales donde se trabaje bien y donde la consulta sea mejor”.
c) Nunca más un ciudadano verá truncada su vida productiva por falta de atención o apoyo médico adecuado.
Expertos en la materia han señalado que el O´Horán, dadas sus condiciones físicas, ya no es funcional. Es notoria la saturación existente que impide una adecuada atención. Situación que está cobrando vidas.
El Gobierno Federal impulsó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), como alternativa para cubrir las carencias en el sector salud.
Empero, el HRAE ha sido rehén de intereses personales. El 14 de mayo de 2008, Alvar Rubio, primo de la gobernadora, con lujo de prepotencia, cortando candados y rompiendo cerrojos, secuestró las instalaciones del HRAE para evitar su apertura, colocar a sus allegados y destituir al director.
Además, promovió un paro de labores en los centros de salud, el materno y las clínicas de Valladolid y Tizimín, en perjuicio de la gente más necesitada. Alvar Rubio recibió como premio el nombramiento de secretario general de la CNOP.
El 29 de junio de 2008, Víctor Rodríguez Rodríguez, envió a Voces del Público lo siguiente: “Escribo esto para ver si el gobierno del Estado presta atención y pone un alto a los problemas que suceden en la Secretaría de Salud, donde no hay un secretario o un director que aplique lo que la ley le confiere y no se deje mangonear por un seudolíder sindical llamado Álvar Rubio, quien en esta administración hace y deshace a su gusto, como en el Hospital O'Horán, donde junto con la administradora nos obligaron a los trabajadores, el día de la toma del Hospital de Alta Especialidad, a abandonar nuestras labores para apoyar la causa, y si no lo hacíamos tomarían represalias”.
El 26 de enero pasado, el Dr. Hugo Laviada Molina denunció que el boicot político que ha impuesto el Ejecutivo al HRAE pone en riesgo la salud de niños yucatecos, porque se prefirió posponer el programa de cardiología infantil Cable Salvavidas, que se realiza con apoyo del Hospital Mercy de Iowa, que usar los servicios que ofrece el hospital de Altabrisa.
El 4 de febrero pasado, el Diario publicó que Nelly Balam Bacab, dejó en la orfandad a tres hijos al fallecer a las puertas del área de urgencias del O'Horán. Ese mismo día, el Diario publicó: “La “Ola roja” fue numerosa en la visita presidencial. Empleados del sector salud recibieron la instrucción de estar en el Siglo XXI a las 13 horas. Se les prometió una base laboral”.
Se propuso a los legisladores priistas un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora a que firme un convenio de colaboración con el HRAE, pero se negaron porque era una medida que tenían que “analizar con responsabilidad”.
En menos de 20 días, se suscitó una nueva muerte en el O'Horán, la de una niña que estaba a punto de nacer. La madre, María Luisa Hoil Puc, permaneció más de dos horas y media con dolores de parto a las afueras del hospital ya que no había camas, ni camillas para ingresarla.
También, el Diario publicó la historia de Sandra Patricia Zapata, quien hace meses lucha, sin éxito, por obtener su base en el O´Horán, y ha tenido que asistir a mítines en la ex Casa del Pueblo, al aniversario de la “nueva mayoría ciudadana” en el Siglo XXI, y a la toma del HRAE.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
sábado, 14 de febrero de 2009
La sociedad, sólo “números electorales”
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Encuestas y elecciones
La pasividad en la que se encuentra sumida la sociedad es tal que su participación en la vida pública ha quedado limitada a dos cosas: votar en las elecciones y decir “si o no” en alguna encuesta.
La democracia, entendida como un régimen en donde el poder radica en el pueblo, es mucha más que el solo hecho de votar en elecciones. Una democracia así, como bien señalan expertos, es una democracia defectuosa.
Para hablar de una auténtica democracia –conocida como democracia liberal- deben existir de por medio los siguientes factores: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas.
Como puede observarse, las elecciones –que tendrían que ser libres y honestas- son apenas un solo factor de la democracia. Reflexionemos sobre cada unos de estos incisos:
Inclusión de la ciudadanía. ¿Hasta que punto son incluidos los ciudadanos en las decisiones gubernamentales? Se han hecho esfuerzos para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero estamos mucho muy lejos para que esta sea de manera efectiva. Existe una ley que regula la participación ciudadana pero sus normas parecen letra muerta.
El jueves 12 pasado el Diario publicó que a dos años de que la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán entró en vigor (fue aprobada el 15 de enero de 2007), apenas se estrenará en unos meses con la organización del primer plebiscito, sobre acciones del Ayuntamiento de Dzemul.
Libertad de Asociación y de Información. Podemos decir que se ha avanzado mucho en comparación a como estábamos antes; sin embargo, también es cierto que falta mucho tramo que recorrer sobre todo en el aspecto de información.
El surgimiento de leyes sobre transparencia es una forma de obligar a los mandatarios a no ocultar información que debe ser del conocimiento de todos los mandantes. A pesar de esto vemos cómo todavía hay autoridades que bajo cualquier argumento se niegan a ser claros.
Gobierno con representantes electos, responsables y controlables. ¿Realmente existe una representatividad popular? Para que alguien se diga representante de otro es obvio que el mandatario tiene que escuchar a los mandantes ¿Hasta que punto se hace? ¿Se hace? ¿Alguna vez se ha hecho? ¿Se trata sólo de una representación técnica-jurídica (sólo porque así lo dice la ley)? ¿En el Congreso se representa al pueblo o las posiciones de los partidos?
Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos. También ha habido avances importantes, pero no los suficientes ¿qué tan efectivos y eficientes son las comisiones del ramo? ¿Por qué la reciente renuncia de varios integrantes del organismo correspondiente? ¿Se cumplen a cabalidad las recomendaciones? ¿Hay credibilidad en quienes hacen las recomendaciones? ¿Por qué hasta el día de hoy se sigue hablando de torturas?
Garantías del Estado de Derecho. Se han suscitado una serie de hechos que ponen en entredicho el cumplimiento de la base jurídica. La situación se agrava mucho más cuando las violaciones provienen precisamente de quienes tienen la obligación de velar por el respeto a la legalidad.
Elecciones libres y honestas. Es cuando la opinión de la gente comienza a ser tomada en cuenta y es medida mediante encuestas y resultados electorales. Lamentablemente, tampoco se cumplen a cabalidad los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad, independencia, autonomía y equidad. Hay la denuncia legal y pública sobre la participación activa en asuntos partidistas de quien debía velar por todos los yucatecos.
En suma, hoy día, la opinión pública solo se manifiesta de dos formas: en encuestas y en los resultados electorales. Es decir, los ciudadanos quedan como simples números. Esta es mi opinión personal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Encuestas y elecciones
La pasividad en la que se encuentra sumida la sociedad es tal que su participación en la vida pública ha quedado limitada a dos cosas: votar en las elecciones y decir “si o no” en alguna encuesta.
La democracia, entendida como un régimen en donde el poder radica en el pueblo, es mucha más que el solo hecho de votar en elecciones. Una democracia así, como bien señalan expertos, es una democracia defectuosa.
Para hablar de una auténtica democracia –conocida como democracia liberal- deben existir de por medio los siguientes factores: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas.
Como puede observarse, las elecciones –que tendrían que ser libres y honestas- son apenas un solo factor de la democracia. Reflexionemos sobre cada unos de estos incisos:
Inclusión de la ciudadanía. ¿Hasta que punto son incluidos los ciudadanos en las decisiones gubernamentales? Se han hecho esfuerzos para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero estamos mucho muy lejos para que esta sea de manera efectiva. Existe una ley que regula la participación ciudadana pero sus normas parecen letra muerta.
El jueves 12 pasado el Diario publicó que a dos años de que la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán entró en vigor (fue aprobada el 15 de enero de 2007), apenas se estrenará en unos meses con la organización del primer plebiscito, sobre acciones del Ayuntamiento de Dzemul.
Libertad de Asociación y de Información. Podemos decir que se ha avanzado mucho en comparación a como estábamos antes; sin embargo, también es cierto que falta mucho tramo que recorrer sobre todo en el aspecto de información.
El surgimiento de leyes sobre transparencia es una forma de obligar a los mandatarios a no ocultar información que debe ser del conocimiento de todos los mandantes. A pesar de esto vemos cómo todavía hay autoridades que bajo cualquier argumento se niegan a ser claros.
Gobierno con representantes electos, responsables y controlables. ¿Realmente existe una representatividad popular? Para que alguien se diga representante de otro es obvio que el mandatario tiene que escuchar a los mandantes ¿Hasta que punto se hace? ¿Se hace? ¿Alguna vez se ha hecho? ¿Se trata sólo de una representación técnica-jurídica (sólo porque así lo dice la ley)? ¿En el Congreso se representa al pueblo o las posiciones de los partidos?
Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos. También ha habido avances importantes, pero no los suficientes ¿qué tan efectivos y eficientes son las comisiones del ramo? ¿Por qué la reciente renuncia de varios integrantes del organismo correspondiente? ¿Se cumplen a cabalidad las recomendaciones? ¿Hay credibilidad en quienes hacen las recomendaciones? ¿Por qué hasta el día de hoy se sigue hablando de torturas?
Garantías del Estado de Derecho. Se han suscitado una serie de hechos que ponen en entredicho el cumplimiento de la base jurídica. La situación se agrava mucho más cuando las violaciones provienen precisamente de quienes tienen la obligación de velar por el respeto a la legalidad.
Elecciones libres y honestas. Es cuando la opinión de la gente comienza a ser tomada en cuenta y es medida mediante encuestas y resultados electorales. Lamentablemente, tampoco se cumplen a cabalidad los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad, independencia, autonomía y equidad. Hay la denuncia legal y pública sobre la participación activa en asuntos partidistas de quien debía velar por todos los yucatecos.
En suma, hoy día, la opinión pública solo se manifiesta de dos formas: en encuestas y en los resultados electorales. Es decir, los ciudadanos quedan como simples números. Esta es mi opinión personal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
sábado, 7 de febrero de 2009
Ante un riesgo electoral
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
¿Cómo desenmascarar a un mal candidato?
Cambian las reglas del juego, cambian las estrategias. Cambian los manuales, al menos en México, sobre las formas para diseñar, organizar y ejecutar una campaña electoral.
Partamos de la definición de campaña electoral: “Es un proceso de persuasión intenso, prolongado y controlado, que se realiza en un período precedente a las elecciones, de acuerdo con reglas que restringen sus métodos, tiempos y costos, y que está dirigida a todos o algunos electores registrados en una división territorial, y su propósito es influir en su decisión a la hora de emitir el voto”.
Las campañas son un proceso intenso de comunicación para tratar de convencer a los potenciales votantes sobre cuál es la opción a elegir.
Los manuales contemplan cuatro fases en una campaña electoral: 1. Identificación del candidato (que la gente conozca y valore a los candidatos), 2. Proposición (qué es harían en beneficio de los ciudadanos), 3. Contraste (los partidos y los candidatos ponen de relieve sus atributos propios y las debilidades de los contrarios) y, 4. Cierre (cuando se intensifican sondeos y se presentan como los potenciales ganadores).
Campaña electoral ¿Para elegir a quién o a qué? ¿Al candidato, al partido o a la plataforma? Se trata de decidir entre buenos y malos, y a veces entre malos y peores. ¿Y cómo saberlo? De ahí la gran importancia de la tercera fase de una campaña: la de contraste.
¿Cómo ha variado esta situación y cómo se afecta el proceso de comunicación para una elección?
La fase de contraste se caracterizaba por la llamada “campaña negativa” cuyo objetivo, según los manuales, incluye labores de contra-propaganda, defensa y contestación de ataques. El Manual de Campaña de Mario Martínez Silva y Roberto Saucedo Aquino indica que aquélla: “Busca restar votos a la oposición, más que atraerlos, y de reforzar la imagen propia. Como es más fácil demostrar los vicios de los demás que las virtudes propias, y motiva más el miedo que la esperanza, la campaña negativa es un recurso muy usado para provocar mayor atención a las campañas”.
Este ya era un tema muy debatido desde la irrupción de la mercadotecnia en estos procesos. Aunque muchos no estaban de acuerdo, otros más la defendían como una forma de desenmascarar en público a un mal candidato.
Hoy día, la campaña electoral se ve restringida en la fase de contraste (negativa), ya que la norma que rige las contiendas establece que los partidos y los candidatos deben abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios candidatos o que calumnien a las personas.
Un ejemplo: “Un candidato X a gobernador propone un proyecto viable y necesario para los ciudadanos”. Los potenciales electores podrían decidir su voto en función de esta propuesta.
Empero, la gran mayoría ignorará que ese candidato ofreció hacer lo mismo cuando fue alcalde, pero no sólo no cumplió, sino que se enriqueció a costa del erario público. Evidentemente estaríamos frente a un mentiroso y corrupto. En suma, la propuesta puede ser buena pero es insuficiente para elegir bien.
Con la reforma se restringió esa posibilidad de desenmascarar en público a malos y pésimos candidatos, quienes ahora bajo el amparo de la ley pueden ofrecer el cielo y las estrellas, aunque luego no sólo no cumplan, sino que además se aprovechen del cargo para enriquecerse ilegítima e ilegalmente.
El origen de esta reforma es que nunca hubo una línea divisoria entre la diatriba indiscriminada y la denuncia legítima entre los partidos y los candidatos, de modo que todos quedaban como rateros, mentirosos y ladrones, lo que confundía aún más a los electores. Ninguno de los extremos es bueno. ¿Ahora, cómo saber quiénes son en realidad los que salen a pedir el voto? ¿Se colarán más fácilmente los mentirosos, corruptos y violadores de la ley? Esta es mi opinión personal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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¿Cómo desenmascarar a un mal candidato?
Cambian las reglas del juego, cambian las estrategias. Cambian los manuales, al menos en México, sobre las formas para diseñar, organizar y ejecutar una campaña electoral.
Partamos de la definición de campaña electoral: “Es un proceso de persuasión intenso, prolongado y controlado, que se realiza en un período precedente a las elecciones, de acuerdo con reglas que restringen sus métodos, tiempos y costos, y que está dirigida a todos o algunos electores registrados en una división territorial, y su propósito es influir en su decisión a la hora de emitir el voto”.
Las campañas son un proceso intenso de comunicación para tratar de convencer a los potenciales votantes sobre cuál es la opción a elegir.
Los manuales contemplan cuatro fases en una campaña electoral: 1. Identificación del candidato (que la gente conozca y valore a los candidatos), 2. Proposición (qué es harían en beneficio de los ciudadanos), 3. Contraste (los partidos y los candidatos ponen de relieve sus atributos propios y las debilidades de los contrarios) y, 4. Cierre (cuando se intensifican sondeos y se presentan como los potenciales ganadores).
Campaña electoral ¿Para elegir a quién o a qué? ¿Al candidato, al partido o a la plataforma? Se trata de decidir entre buenos y malos, y a veces entre malos y peores. ¿Y cómo saberlo? De ahí la gran importancia de la tercera fase de una campaña: la de contraste.
¿Cómo ha variado esta situación y cómo se afecta el proceso de comunicación para una elección?
La fase de contraste se caracterizaba por la llamada “campaña negativa” cuyo objetivo, según los manuales, incluye labores de contra-propaganda, defensa y contestación de ataques. El Manual de Campaña de Mario Martínez Silva y Roberto Saucedo Aquino indica que aquélla: “Busca restar votos a la oposición, más que atraerlos, y de reforzar la imagen propia. Como es más fácil demostrar los vicios de los demás que las virtudes propias, y motiva más el miedo que la esperanza, la campaña negativa es un recurso muy usado para provocar mayor atención a las campañas”.
Este ya era un tema muy debatido desde la irrupción de la mercadotecnia en estos procesos. Aunque muchos no estaban de acuerdo, otros más la defendían como una forma de desenmascarar en público a un mal candidato.
Hoy día, la campaña electoral se ve restringida en la fase de contraste (negativa), ya que la norma que rige las contiendas establece que los partidos y los candidatos deben abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios candidatos o que calumnien a las personas.
Un ejemplo: “Un candidato X a gobernador propone un proyecto viable y necesario para los ciudadanos”. Los potenciales electores podrían decidir su voto en función de esta propuesta.
Empero, la gran mayoría ignorará que ese candidato ofreció hacer lo mismo cuando fue alcalde, pero no sólo no cumplió, sino que se enriqueció a costa del erario público. Evidentemente estaríamos frente a un mentiroso y corrupto. En suma, la propuesta puede ser buena pero es insuficiente para elegir bien.
Con la reforma se restringió esa posibilidad de desenmascarar en público a malos y pésimos candidatos, quienes ahora bajo el amparo de la ley pueden ofrecer el cielo y las estrellas, aunque luego no sólo no cumplan, sino que además se aprovechen del cargo para enriquecerse ilegítima e ilegalmente.
El origen de esta reforma es que nunca hubo una línea divisoria entre la diatriba indiscriminada y la denuncia legítima entre los partidos y los candidatos, de modo que todos quedaban como rateros, mentirosos y ladrones, lo que confundía aún más a los electores. Ninguno de los extremos es bueno. ¿Ahora, cómo saber quiénes son en realidad los que salen a pedir el voto? ¿Se colarán más fácilmente los mentirosos, corruptos y violadores de la ley? Esta es mi opinión personal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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