sábado, 28 de marzo de 2009

Estrategia bien concertada


Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Para ganar el “carro completo”

Cuando el PRI afirmó que en las próximas elecciones se llevaría el “carro completo –ganar todos los distritos- lo primero que uno piensa es: en qué puede basarse un partido para emitir un augurio de esa naturaleza que de suyo implica una falta de respeto a la inteligencia y capacidad de decisión de los yucatecos.

Sólo podría haber las siguientes posibilidades:


a) Excesiva confianza ante encuestas que pudieran ser extremadamente favorables.


b) Que teniendo de nuevo el erario público en las manos podrían poner en marcha prácticas antidemocráticas.


c) Que de verdad generen confianza en los ciudadanos de manera inquebrantable.


La primera opción. Sería muy ingenuo pensar que el fundamento del “carro completo” sea la primera opción. Cualquier político sabe que las encuestas son fotografías de determinadas coyunturas y que no constituyen garantía de triunfo.


a) Recordemos algunos ejemplos: Víctor Cervera Pacheco decidió contender por la alcaldía meridana porque una encuesta muy anterior al proceso electoral indicaba que el PRI tendría posibilidades. Otra encuesta, muy cercana al día de las elecciones habría revelado que ese señor ganaría por un margen considerable. El resultado final: perdió.


b) Andrés Manuel López Obrador, en su carrera por la Presidencia, vio que las encuestas lo colocaban como virtual ganador con 36 puntos arriba. Parecía imparable, y, sin embargo, también perdió.


c) El PAN, antes de las elecciones del 20 de mayo de 2007, contaba, según encuestas con una preferencia (sin candidato) del 20% por encima del PRI. Sin embargo, en tan poco tiempo este resultado se revirtió por la división interna y por la “elección de estados” del PRI.


La segunda opción. a) La campaña inicia con una mala señal cuando la titular del Ejecutivo, en horas y días hábiles, acude a vitorear a sus candidatos en franca violación a los principios de imparcialidad y equidad, previstos en la Constitución Política.


b) Luego, de acuerdo con lo publicado en el Diario, se reúne con maestros para pedirles que hagan proselitismo a favor del PRI y, cambio de esto, les ofrece que les entregaría Mérida en las elecciones locales.


c) Pese a que se trata de un caso entre particulares y a la buena voluntad del alcalde meridano de abrir las cuentas municipales al escrutinio, el sistema priísta inicia un hostigamiento con la intención de manchar, a como dé lugar, la administración panista. Auditorías y aseguramientos rapidísimos y sin precedente. En cambio, el PRI se niega a que las cuentas del Ejecutivo sean revisadas. Luego, obligadamente, presenta informes sesgados.


d) La cerrazón contra el Ayuntamiento de Mérida es en términos totales, según el propio alcalde, ya que el Ejecutivo ni siquiera le ha concedido una audiencia. El alcalde ha sido vetado para que esté el presidium en eventos oficiales. Para Mérida, sólo banquetas rojas.


d) Dzemul también ha sido blanco de la agitación política en la que estuvo involucrado un primo de la titular del Ejecutivo. La demostración de fuerza terminó con el rechazo de una reforestación que tanto necesitaba el ecosistema, y con la pérdida de una oportunidad de empleo para los ejidatarios. El caso incluyó amenazas a la alcaldesa panista.


e) El jueves pasado se descubre una acción más tendiente a la consecución del “carro completo”: alcaldes del PAN son citados a una cena-reunión, en una casa particular en donde, a decir ellos mismos, el subsecretario de Fomento Agropecuario del Poder Ejecutivo, a nombre de la gobernadora, les ofreció que si los resultados en sus municipios son favorables al PRI se convertirían en los consentidos de ese partido. La alcaldesa de Bokobá también fue amenazada para no hable. ¿Acción aislada o parte de la concertación?


La tercera opción. ¿Será que alguien pueda sentir confianza en un sistema cuya cabeza se declara “demócrata y sembradora de valores” pero que en los hechos no es transparente, reprime, amenaza, hostiga, viola las normas e intenta cooptar a autoridades panistas?


¿Cuál de las opciones anteriores cree usted que podría ser el sustento del PRI para la obtención del “carro completo”?


Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electora

jueves, 26 de marzo de 2009

Política pública partidizada

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

El plebiscito de Dzemul

La nueva Ley de Participación Ciudadana, que fue considerada un “gran avance para la vida democrática” de Yucatán, que es lo que debería ser, podría tener un mal estreno en Dzemul.

En la presentación de esa ley, vigente a partir de enero de 2007, se asienta que con las nuevas herramientas de consulta popular “la sociedad yucateca tendrá en sus manos muchas decisiones que habrán de tomar las autoridades respecto a acciones de políticas públicas y en materia de leyes y reglamentos”.

Analicemos el caso considerando los siguientes aspectos: La materia de la consulta. En respuesta a una solicitud de la instancia electoral estatal, el Ayuntamiento de Dzemul informó, en noviembre de 2008, que una de las acciones que se realizarían en el municipio es el “Ordenamiento ecológico y territorial del espacio geográfico municipal”, que no es otra cosa que la reforestación de 1,295 hectáreas de tierras devastadas por el huracán “Isidoro”.

Se trata de una gestión de la autoridad municipal ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que ha declarado a Dzemul zona de devastación.

Lo que no consideró el Ipepac es que esa reforestación se realizaría en el ejido de Dzemul, que jurídicamente es autónomo respecto al Ayuntamiento. El caso es que la asamblea del ejido ya decidió, por mayoría manipulada, que no se lleve al cabo la reforestación. ¿Qué caso tendría hacer una consulta que tendrá efectos jurídicos para nadie? Otro aspecto que no consideró el Ipepac es que se trataba de un proyecto que ni siquiera estaba aprobado por la instancia federal.

Beneficios a los ejidatarios. El proyecto, además de beneficio al ecosistema, contemplaba otorgar trabajo temporal a los ejidatarios que recibirían $8,000 por hectárea reforestada.

Los solicitantes del plebiscito. La consulta fue promovida por 300 ciudadanos de Dzemul, encabezados por Víctor Guillermo Pacheco Canto, primo de la titular del Ejecutivo estatal, lo que no tendría nada de malo, pero en las últimas semanas salieron a relucir ancestrales prácticas antidemocráticas: muchos de los que firmaron la petición de plebiscito aseguran que fueron engañados con la promesa de que recibirían despensas, que nunca llegaron.

Campaña de desinformación. No sólo ha habido falta de información, sino que han circulado volantes y rumores induciendo a la gente a votar contra la reforestación. Entre otras cosas, se dijo que el proyecto afectaría a los ejidatarios ya que perderían el control de sus tierras, lo que, según la Conafor, es falso.

Amenazas de muerte. La alcaldesa denunció públicamente que recibió amenazas de muerte derivadas del plebiscito y de un incidente que tuvo con supuestos encuestadores enviados desde el Palacio de Gobierno.

¿Gasto o inversión? Otro aspecto que no consideró el Ipepac es el hecho de que siendo un programa federal, al Ayuntamiento no le costaría un solo peso la reforestación. En cambio, este ejercicio que no tendrá repercusiones jurídicas para nadie representará un gasto de $500,000 que deberían ser destinados a obras de agua potable, banquetas, pavimentación de calles, al pago de deudas heredadas o incluso para la generación de empleos.

Se dice que todo esto obedece a una demostración de fuerza con fines electoreros, ya que se trata del municipio donde habita la gobernadora quien no soporta que su autoridad municipal sea de extracción panista.

Esa demostración de fuerza culminó con el rechazo del proyecto de reforestación en perjuicio del ecosistema y de los propios ejidatarios quienes, por cuestiones partidistas, perdieron la oportunidad de allegarse recursos mediante un programa federal.

Consecuencias:
a) Mal estreno de la Ley de Participación Ciudadana.

b) Reaparición de prácticas antidemocráticas.

c) Pierde el ecosistema y perdemos todos.

d) Ya perdieron los ejidatarios, pues ya no tendrán empleo y recursos.

e) Se consumaría un gasto inútil de $500,000 en perjuicio del erario.

f) La actuación de la autoridad electoral estatal quedaría en entredicho, si insiste en una consulta ociosa


Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electorale

miércoles, 25 de marzo de 2009

Riesgo para los temporadistas

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral


Filosas piedras en playas de Chelem

A unos días de iniciarse el asueto con motivo de la Semana Santa, temporadistas que acostumbran vacacionar o pasar el día en Chelem podrían correr el riesgo de sufrir algún accidente a consecuencia de las malas condiciones en que se encuentra un tramo de las playas de ese puerto.

En un recorrido en por lo menos 200 metros de la playa -tomando como punto de partida la entrada principal del centro- se comprobó lo difícil y hasta peligroso que es bañarse en el mar o caminar en las playas, ya que tanto dentro como fuera del agua hay cientos de filosas piedras que algún día formaron parte de construcciones ahora devastadas por la cercanía de la masa de agua.

En menos de una hora por lo diez bañistas se quejaron de esta situación, ya que, incluso, algunos resultaron con cortadas leves en los pies cuando entraron al mar.

Ahora es común ver a los niños correr y jugar entre piedras sin advertir del riesgo de cortarse o golpearse con los filosos pedruscos.
Lamentablemente, la misma gente, no sólo no toma conciencia de esta situación, sino que incluso contribuye en la afectación de las playas dejando basura como latas de cerveza y restos de comida. Incluso había una enorme llanta semienterrada justo a la entrada del mar, con todo lo que representa como factor de contaminación.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

sábado, 14 de marzo de 2009

Nugatorio acceso a la justicia electoral

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Casi imposible probar hechos

La reforma electoral, aprobada en diciembre de 2007, y que se estrena en el actual proceso para renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, de manera muy temprana ha demostrado insuficiencias y deficiencias jurídicas que hacen nugatorio el acceso a la justicia electoral.

Entre otras cosas, los cambios jurídicos buscan evitar el enrarecimiento del ambiente político, para lo cual se impuso como obligación a los actores abstenerse de cualquier expresión pública que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.

Han ocurrido hechos que constituyen notorias violaciones a estas disposiciones establecidas en el Código Federal de Institucional y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero que se han quedado sin castigo, a consecuencia de que es casi imposible probarlos.

Dada la naturaleza efímera de los actos que podrían ser controvertidos, como son los eventos públicos en los participen los aspirantes, las pruebas más socorridas podrían ser las llamadas técnicas (fotos, vídeos, etc.), la confesional y los testimonios.

El propio Cofipe establece -Artículo 358- que éstas dos últimas “podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho”.

En otras palabras, si al momento de ocurrir la violación no hay fedatario público del que se pueda disponer, los testimonios de las personas no tendrán valor probatorio alguno.

Esta situación presupone lo siguiente:
a) ¿En cuántos casos será posible contar con el servicio de los notarios, sobre todo tratándose de violaciones que ocurran en sitios alejados de la capital?
b) ¿Será que los notarios estén dispuestos a dar fe de hechos que vayan contra los aspirantes designados desde el Palacio de Gobierno sin temor a represalias a que pierdan su patente?
c) ¿Cuánto dinero tendrían que invertir los partidos, los candidatos o cualquier ciudadano para contratar los servicios de un notario, ya que sus honorarios andan alrededor de los $5,000 para dar fe sobre algún hecho?

La confesión, al igual que los testimonios, tampoco tendrá valor probatorio si no es levantada ante notario público. Además, en materia electoral no existe la figura de la “confesión ficta”, lo que implica que los denunciados pueden dejar de acudir a las audiencias para la resolución de los conflictos y la prueba no se desahoga dejando un enorme vacío en la investigación. La ley abre la posibilidad de que asista el representante legal del denunciado, lo cual es un absurdo porque la confesión sólo debe correr a cargo del directamente implicado.

Hay que diferenciar dos cosas: a) La existencia del acto violatorio de las normas y, b) La imposibilidad de hacer las imputaciones al responsable de la violación.
En el caso de un precandidato, aspirante a diputado por Distrito I, quien hizo una serie de denostaciones contra el PAN, incurrió de manera notoria y pública en violaciones a la ley; sin embargo, ante la imposibilidad de contar con las complejas pruebas que exige el Cofipe para lograr la imputación, el acto quedó en la impunidad.

El indiciado, como no fue obligado a emitir confesión, jamás dio la cara para dar su versión de los hechos que, desde luego, pasaba por desmentir al Diario de Yucatán o reconocer, con valor civil, que efectivamente expresó lo publicado.

Asimismo, el Cofipe adopta la figura de “proceso especial sancionador” mediante el cual debe resolver en tan solo cinco días las denuncias puestas a su consideración, lo que puede traer consigo muchas inconsistencias jurídicas.

Todo parece indicar que la reforma estatal se basará en las nuevas disposiciones contenidas en el Cofipe, lo que resulta preocupante, porque en las elecciones estatales se estarían repitiendo las mismas historias de impunidad.

Corresponderá a los próximos legisladores federales impulsar los cambios necesarios para que la justicia electoral sea real y efectiva y no se repita lo mismo en el ámbito estatal.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

sábado, 7 de marzo de 2009

Quién es quien en transparencia

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Ayuntamiento VS. autoridades estatales

En los ámbitos municipal y estatal se han suscitado casos en los que podría ponerse en duda la probidad de las autoridades en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.

Por un lado, está el asunto de la renuncia de Cecilia Flores Argáez, quien fuera directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Mérida, y por el otro los casos de la reparación de una aeronave del Ejecutivo y el concierto de Plácido Domingo en Chichén Itzá, organizado por una dependencia también del Ejecutivo local.

Las autoridades involucradas están bajo la lupa de los yucatecos y de los meridanos, y tienen las mismas oportunidades de demostrar “quien en quien” en cuanto a sus actuaciones. El recuento, hasta ahora, de acuerdo con las publicaciones del Diario de Yucatán, es el siguiente:
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Ayuntamiento de Mérida
En el caso de la Comuna meridana se trata de un problema personal de Cecilia Flores Argáez, ex directora del Ayuntamiento de Mérida.

Autoridad estatal
El caso del Poder Ejecutivo del Estado tiene que ver el ejercicio directo de recursos públicos en por lo menos dos casos:
a) El remozamiento de una aeronave al servicio del Poder Ejecutivo. Una versión habla de $20 millones y otra de $8 millones.
b) El concierto de Las Mil Columnas en Chichén Itzá. No hay versión sobre las utilidades obtenidas.
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Ayuntamiento de Mérida
A consecuencia de ese problema Flores Argáez renuncia a su cargo.

Autoridad estatal
Todos los implicados siguen en sus puestos como si nada hubiera ocurrido.
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Ayuntamiento de Mérida
No obstante que se trata de un asunto personal, el alcalde César Bojórquez Zapata, por voluntad propia, se abre a la investigación para despejar cualquier duda en torno al buen manejo de las finanzas públicas.

Autoridad estatal
No obstante que en ambos casos están involucrados recursos públicos, las autoridades estatales se han negado a informar, pese a las insistentes solicitudes que se les han formulado.
Este asunto de la ex directora fue dado a conocer por el propio Alcalde en un evento público.
El caso de la aeronave se conoció públicamente a consecuencia de una filtración. Del caso de concierto aún no hay información.
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Ayuntamiento de Mérida
No fue necesaria la intervención de las oficinas de acceso a la información pública.
En los dos casos ha sido necesario solicitar la intervención de las oficinas estatales de acceso a la información pública.

Autoridad estatal
El caso llega al Congreso donde diputados priístas proponen un punto de acuerdo para que se haga una “auditoría a fondo” a la Comuna meridana. Este acuerdo es aprobado por todos los legisladores del PAN.
En la misma sesión, el PAN solicita que al punto de acuerdo que -a propuesta del PRI- aprobaron se le agregue otro: que también se audite al Poder Ejecutivo, por estos dos casos y otros más, pero los priistas votan en contra.
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Ayuntamiento de Mérida
El caso es manejado con una celeridad poco común: el acuerdo fue aprobado con dispensa de trámites, y en menos de 12 horas el Congreso envía al Ayuntamiento a tres auditores más para que refuercen el trabajo que ya venían haciendo otros de manera permanente en las arcas municipales.

Autoridad estatal
En los casos del Ejecutivo se dado toda clase de largas. En relación con la aeronave el Poder Ejecutivo declinó informar de modo voluntario y turnó el caso a su unidad de transparencia y después de 15 días pidió cuatro meses de prórroga.
En el caso del concierto de Plácido Domingo también se pidieron seis meses de prórroga. Este evento se llevó al cabo el 4 de octubre del año pasado, es decir hace cinco meses.
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Ayuntamiento de Mérida
El alcalde también abre las puertas de la Comuna a la Procuraduría para que también investigue.

Autoridad estatal
La Procuraduría, con celeridad inusitada, cita a funcionarios y familiares de la ex funcionaria. Incluso hay la queja de que algunos fueron obligados a declarar no obstante que bajo el amparo de la ley podrían negarse a ello.
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Ayuntamiento de Mérida
Por considerar que las investigaciones ministeriales se enfocaban al Ayuntamiento y a su persona, el alcalde propone un “cara a cara” con el Procurador de Justicia o con la titular del Ejecutivo local para, en caso de ser necesario, aclarar dudas.

Autoridad estatal
El procurador no responde por estar en Cancún y la titular del Ejecutivo no acepta la invitación del alcalde.
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Ayuntamiento de Mérida
Al no haber sido necesaria la intervención de la unidad municipal de acceso a la información, tampoco ha sida necesaria la aplicación de medidas de coerción para informar.

Autoridad estatal
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública resuelve que no son justificadas las causas argumentadas por el Ejecutivo para pedir prórrogas tan prolongadas y lo emplaza para que en tres días proporcione la información sobre los dos casos en cuestión.
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Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral