Política pública partidizada

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

El plebiscito de Dzemul

La nueva Ley de Participación Ciudadana, que fue considerada un “gran avance para la vida democrática” de Yucatán, que es lo que debería ser, podría tener un mal estreno en Dzemul.

En la presentación de esa ley, vigente a partir de enero de 2007, se asienta que con las nuevas herramientas de consulta popular “la sociedad yucateca tendrá en sus manos muchas decisiones que habrán de tomar las autoridades respecto a acciones de políticas públicas y en materia de leyes y reglamentos”.

Analicemos el caso considerando los siguientes aspectos: La materia de la consulta. En respuesta a una solicitud de la instancia electoral estatal, el Ayuntamiento de Dzemul informó, en noviembre de 2008, que una de las acciones que se realizarían en el municipio es el “Ordenamiento ecológico y territorial del espacio geográfico municipal”, que no es otra cosa que la reforestación de 1,295 hectáreas de tierras devastadas por el huracán “Isidoro”.

Se trata de una gestión de la autoridad municipal ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que ha declarado a Dzemul zona de devastación.

Lo que no consideró el Ipepac es que esa reforestación se realizaría en el ejido de Dzemul, que jurídicamente es autónomo respecto al Ayuntamiento. El caso es que la asamblea del ejido ya decidió, por mayoría manipulada, que no se lleve al cabo la reforestación. ¿Qué caso tendría hacer una consulta que tendrá efectos jurídicos para nadie? Otro aspecto que no consideró el Ipepac es que se trataba de un proyecto que ni siquiera estaba aprobado por la instancia federal.

Beneficios a los ejidatarios. El proyecto, además de beneficio al ecosistema, contemplaba otorgar trabajo temporal a los ejidatarios que recibirían $8,000 por hectárea reforestada.

Los solicitantes del plebiscito. La consulta fue promovida por 300 ciudadanos de Dzemul, encabezados por Víctor Guillermo Pacheco Canto, primo de la titular del Ejecutivo estatal, lo que no tendría nada de malo, pero en las últimas semanas salieron a relucir ancestrales prácticas antidemocráticas: muchos de los que firmaron la petición de plebiscito aseguran que fueron engañados con la promesa de que recibirían despensas, que nunca llegaron.

Campaña de desinformación. No sólo ha habido falta de información, sino que han circulado volantes y rumores induciendo a la gente a votar contra la reforestación. Entre otras cosas, se dijo que el proyecto afectaría a los ejidatarios ya que perderían el control de sus tierras, lo que, según la Conafor, es falso.

Amenazas de muerte. La alcaldesa denunció públicamente que recibió amenazas de muerte derivadas del plebiscito y de un incidente que tuvo con supuestos encuestadores enviados desde el Palacio de Gobierno.

¿Gasto o inversión? Otro aspecto que no consideró el Ipepac es el hecho de que siendo un programa federal, al Ayuntamiento no le costaría un solo peso la reforestación. En cambio, este ejercicio que no tendrá repercusiones jurídicas para nadie representará un gasto de $500,000 que deberían ser destinados a obras de agua potable, banquetas, pavimentación de calles, al pago de deudas heredadas o incluso para la generación de empleos.

Se dice que todo esto obedece a una demostración de fuerza con fines electoreros, ya que se trata del municipio donde habita la gobernadora quien no soporta que su autoridad municipal sea de extracción panista.

Esa demostración de fuerza culminó con el rechazo del proyecto de reforestación en perjuicio del ecosistema y de los propios ejidatarios quienes, por cuestiones partidistas, perdieron la oportunidad de allegarse recursos mediante un programa federal.

Consecuencias:
a) Mal estreno de la Ley de Participación Ciudadana.

b) Reaparición de prácticas antidemocráticas.

c) Pierde el ecosistema y perdemos todos.

d) Ya perdieron los ejidatarios, pues ya no tendrán empleo y recursos.

e) Se consumaría un gasto inútil de $500,000 en perjuicio del erario.

f) La actuación de la autoridad electoral estatal quedaría en entredicho, si insiste en una consulta ociosa

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electorale