¿Combate a la corrupción?

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Se acabará “desde hoy”

“Desde hoy y por el resto de mi mandato no habrá excusas ni regateos, diremos 'No': no a las mordidas, no a los negocios sucios y no a los recursos mal habidos; no a la indebida extorsión de trámites, no a dejar que algunos se salten filas, no a que unos cuantos se ahorren colas, no al enriquecimiento inexplicable y no a apoyos que se dan a unos y se niegan a otros”, palabras textuales de la titular del Ejecutivo publicadas el sábado pasado en la sección local del Diario de Yucatán.

Analicemos las expresiones: Las palabras “desde hoy” marcan un punto de partida, el comienzo de hacer algo que no se realizaba. La segunda parte de la frase “y por el resto de mi mandato” configura un compromiso en el tiempo de hacer lo no hecho.

¿Y que es lo que no se hacía y ahora sí se hará? La misma declarante lo señala: “Desde hoy” a) No habrá excusas ni regateos, b) Diremos no a las mordidas, c) No a los negocios sucios, d) No a los recursos mal habidos, e) No a la indebida extorsión de trámites, f) No al enriquecimiento inexplicable, g) Y no a poyos que se dan a unos y se niegan a otros.

A contrario sensu, lo anterior significa que en un año y ocho meses de lo va de la presente administración se dijo SI a las excusas y regateos para combatir la corrupción, sí a los recursos mal habidos, sí a la indebida extorsión de trámites, sí al enriquecimiento inexplicable, sí a poyos que se han dado a unos y se han negado a otros.

La misma funcionaria afirmó lo siguiente: “el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Inecco) será un órgano confiable, donde la ciudadanía podrá presentar sus quejas por el actuar indebido de los funcionarios”.

La frase de “será un órgano confiable” denota que antes de la instalación de esta instancia no existía otra en donde los ciudadanos podían presentar sus quejas contra funcionarios. ¿Gracias al Inecco ahora sí se combatirá a la corrupción? ¿Antes no?

“Yo sí tengo la voluntad, el valor y el coraje para desterrar la corrupción, las prebendas y los privilegios de la función pública”. En efecto, para desterrar la corrupción no se requiere de otra cosa que voluntad, pero ¿Es “desde hoy” que surge esa voluntad? ¿Por qué antes no?

Y por si quedaban dudas, la siguiente expresión las despeja por completo: “Ya es hora de que dejemos atrás esa lacra del tercer mundo”. ¿Ya es hora? ¿Antes no era hora?

La instalación de este nuevo aparato burocrático ocurre en momentos coyunturales en donde se han hecho señalamientos que estarían confirmando esa permisividad de corrupción y que no se hacía nada precisamente porque no existía el Inneco.

El caso de un subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesca que intentó sobornar a varios alcaldes de oposición. A decir los propios alcaldes, ese funcionario aseguró que su actuación fue con el conocimiento y consentimiento de la gobernadora. Cuando se le preguntó a ésta su versión solo expresó “No lo sé... no lo sé” ¿Fue o no este un caso de corrupción? ¿Por qué no hubo valor y coraje para erradicar esta lacra de tercer mundo? Antes, el mismo funcionario fue destituido en lo que fue la SPV en medio de acusaciones de extorsión a vendedores de discos piratas y como premio lo nombraron subsecretario de Fomento Agropecuario.

Apenas la semana pasada una empleada del Ejecutivo fue sorprendida comprando cervezas en horas de trabajo usando un vehículo oficial, según versión del reportero del Diario y del propietario del expendio en cuestión. En vez de combatir la lacra, se aplicó una simple amonestación. En las investigaciones hubo varias contradicciones: que primero iba una monja en el vehículo, luego que fueron dos, priermo que sólo compró un refresco y luego que no, que era agua.

El Inneco sólo trae consigo la generación de más y más burocracia. ¿Es así como piensan ahorrar $110 millones? ¿Es necesaria una instancia para tener un gobierno probo? ¿Y la Contraloría para qué sirve? ¿Sin el Inneco iba a seguir la corrupción? ¿Con el Inneco “desde hoy” se acabará?

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Justicia sin venda

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Sistema arcaico y corrupto

El sistema de justicia que prevalece en el Estado sigue siendo arcaico y las autoridades responsables no dan señales de que impulsarán cambios profundos de fondo y de forma que garanticen eso: justicia.

El símbolo de la justicia que siempre es presentado con una mujer con la vista vendada y una balanza sostenida, ya no representa nada para la sociedad. Todos los días nos enteramos de una injusticia promovida o consentida por quienes deberían procurarla e impartirla.

La injusticia puede originarse en muchísimos factores: en una ley inoperante, anticonstitucional o inconstitucional, en la mala interpretación de buena fe de las normas o de plano en el retorcimiento del derecho con conocimiento de causa, así como de una mala actuación de los litigantes.

Las leyes no siempre consiguen la justicia, ya que las normas son tan complicadas que muchas veces la justicia depende en mucho de tecnicismos que al no ser aplicados se genera una especie de “injusticia legal”. Por ejemplo, cuando una persona pierde algo de su propiedad sólo por no haber promovido en tiempo una demanda o un recurso legal.

Se supone que para eso están los abogados; sin embargo, muchas veces éstos –aclaro que hay sus honrosas excepciones – se dedican a sacar dinero a sus clientes inventando hipótesis y escenarios falsos, favorables o desfavorables, a sabiendas que se trata de un caso perdido o de un asunto fácil magnificado.

¿Y las autoridades qué papel juegan en la maraña de la injusticia? ¿Contamos con policías profesionales que saben hacer su tarea? ¿Hay procuración de justicia? ¿Hay un sistema real de readaptación social o las cárceles son auténticas escuelas del crimen?

Hechos reales encienden de manera alarmante los focos rojos. Veamos algunos casos.

Mucha gente es detenida con el argumento de “obstrucción a la justicia”, “daño en la patrulla”, “portación de armas” que en realidad son inventos de los agentes con tal de detener a alguien.

Una persona, por segunda ocasión, fue detenida por confusión de los agentes de la Policía Judicial. A la que perseguían ya había fallecido. El implicado ya recuperó su libertad, pero ¿Y los días de injusto encierro? ¿Y el daño moral ocasionado? ¿Y la pérdida de su trabajo? ¿Quién repondrá todo esto? Mientras no exista alguna norma que obligue a los agentes a responder de los daños causados por sus actitudes irresponsables, estos casos seguirán repitiéndose con toda impunidad.

No obstante el señalamiento de que los arraigos son inconstitucionales y que vulneran los derechos fundamentales de las personas, la Procuraduría del Estado y los jueces locales siguen promoviéndolos y otorgándolos. Tan que lo saben que, cuando hay un amparo de por medio, la Procuraduría se apresura a consignar a los “arraigados” para modificar su situación jurídica y dejar sin materia el juicio de garantías. Han sido ya muchos los casos de arraigados que finalmente obtienen su libertad por falta de elementos. Así, mucha gente ha sido tildada de ladrona, violadora o asesina sin serlo ¿Es justo?

Funcionarios que han sido sorprendidos en acciones ilegales y en vez de consignarlos obtienen mejores puestos y gozan de impunidad. Recordemos el caso de un ex funcionario estatal. Primero estuvo en la entonces SPV, de donde fue despedido cuando fue acusado de dirigir a un grupo de ex policías que extorsionaba a clandestinos de discos piratas.

No obstante esa grave acusación, al día siguiente de su remoción en la policía, en vez de someterlo a investigación, la gobernadora lo nombró subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero.

Recientemente fue denunciado por un intento de comprar a alcaldes panistas a quienes les ofreció, a nombre de la gobernadora, apoyos a cambio de que aquéllos hagan ganar al PRI. Nuevamente, y pese a tan terrible acusación tampoco es sancionado ni investigado. ¿Dónde quedó la justicia?

En Yucatán, a la justicia se le cayó la venda. Hoy si distingue y es muy dura contra ciudadanos inocentes y extremadamente frágil contra los corruptos.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Gobierno sectario y excluyente

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

En la palabra y en los hechos

En los casi dos años que lleva la actual administración la expresión más usada ha sido “el gobierno de la nueva mayoría ciudadana”. La escuchamos en el primer discurso en el Congreso el día de la toma de posesión, en el primer informe de actividades, en la presentación de los programas asistencialistas, y en los spots de radio y televisión.

Se trata de una frase sectaria y excluyente, que contraviene las normas legales y el compromiso político que debería asumir cualquier gobernante en el sentido de que, una vez en el cargo, debe olvidarse de colores partidistas y trabajar para todos mediante el diseño de políticas públicas.

Esa frase descubre, por sí sola, se constituye como una confesión lisa y llana respecto a la exclusión de cientos de miles ciudadanos.

La “nueva mayoría ciudadana” es una expresión de carácter electoral que algunos manuales de la materia la manejan como “la coalición ganadora” cuando el partido en el gobierno retiene el triunfo en una determinada demarcación o como “la nueva coalición ganadora” cuando otro partido distinto al gobierno en turno obtiene la mayoría de votos.

¿Qué viene a ser la “nueva mayoría ciudadana” o “nueva coalición ganadora”? El grupo de personas que favorece el proyecto que obtuvo el mayor número de votos. Por eso se entrega una constancia de mayoría.

Cuando la actual administración habla de la “nueva mayoría ciudadana” se está refiriendo a los ciudadanos que votaron a su favor. Es una frase entendible y aceptable en el ámbito electoral, pero de ninguna manera en el ámbito gubernamental.

Cuando se emplea la frase “el gobierno de la nueva mayoría ciudadana” significa que la administración existe y funciona únicamente para el grupo de ciudadanos que otorgaron el puesto.

¿Entonces quien gobierna a los casi 800,000 yucatecos -de otros partidos y los que se abstuvieron de acudir a las urnas- que no votaron por la actual administración que, por supuesto, no fueron no son y nunca serán parte de la “nueva mayoría ciudadana”?

Ahora bien, habría que analizar si se trata sólo de una frase desafortunada o en realidad sólo se gobierna para “la nueva mayoría ciudadana”.

La política no es la sucia grilla como la gran mayoría la entiende. La política no tiene nada que ver con aquello de “a ver quien fastidia más al prójimo”. El fin último de la política es lograr el desarrollo armónico y sustentable de la sociedad.

De tal suerte, que una buena administración requiere del concurso legítimo y real -no simulado- de todos los actores sociales, económicos, religiosos y políticos, incluyendo, por supuesto, a quienes son integrantes de los partidos de oposición.

La ausencia absoluta de políticas públicas, en la que deberían estar involucrados todas las fuerzas sociales para el diseño de las mejores opciones que tiendan a solucionar los graves problemas que aquejan a los yucatecos, es la prueba fehaciente que da sustento a la frase “el gobierno de la nueva mayoría ciudadana”.

Las políticas públicas tienen que ver con el conocido refrán de “haz el bien sin mirar a quien”, pero las acciones y programas de gobierno, decididos desde un escritorio, están enfocados a beneficiar sólo a quienes son parte de la “nueva mayoría ciudadana”. Es más, quienes no son parte de ésta han perdido su trabajo y han sido víctimas de persecuciones.

La mayoría priista del Congreso del Estado que en mismo un día exige cuentas claras al Ayuntamiento panista de Mérida, pero al mismo tiempo niega, haciendo valor su mayoría simple, que se haga lo propio en las de Ejecutivo estatal priista es otra prueba de la exclusión preponderante en Yucatán, otra muestra de lo que es “la nueva mayoría ciudadana”.

La frase de “la nueva mayoría ciudadana” debió extinguirse en el preciso momento en que la actual titular del Ejecutivo recibió su constancia de mayoría y más aún el día en que se inició el mandato porque, por ley, éste debe ser para todos no sólo para una mayoría.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Entre la crisis y la oportunidad

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Cuestión de técnica política

“Cesan al director de la Lotería Nacional”. Este debió ser el título que probablemente hubiera publicado el Diario de Yucatán en vez del que apareció a seis columnas -antes ocho- “Soborno electoral”, en relación con sonado caso ocurrido en Campeche.

Entonces, la agenda mediática hubiera sido otra: en vez de que se esté exigiendo una investigación y se abra espacios a otros actores –propios y ajenos- para que reprueben el caso de corrupción, y se profundice, se alargue y se extienda a otros ámbitos la crisis política, se estaría haciendo un reconocimiento público de congruencia y dejaría sin argumentos a los detractores.

¿Que recomienda la técnica-política en estos casos? “Uno de los primeros pasos en momentos de crisis es dar información oficial al público” (Corrado. 1984). “Uno de los principios fundamentales cuando aparece una crisis con implicaciones públicas es anunciarla y anunciarla rápido” (Moore. 1996).

“Lo importante en una crisis, es cómo se maneja ésta en los primeros minutos” (Saffir. 1993). La comunicación oportuna de la versión oficial en una crisis pública es vital, ya que la gente conoce de primera mano qué es lo que está pasando y percibe que hay alguien que lo está solucionando.

Empero, más allá de la comunicación es imperante ejecutar una acción concreta y tangible que sea el soporte de la primera. Hoy día, dados los elevados índices de incredulidad en la política, se requieren más acciones que palabras. En el caso concreto, el cese fulminante.

Otro de los aspectos que deben considerados en una situación de crisis pública es tener plena conciencia de los agentes implicados en la misma. Hay que responder siempre a las preguntas de ¿qué grado influencia tienen los directamente implicados en el caso en cuestión? ¿Quién de los actores goza de mayor credibilidad en el espacio público?

¿Hay alguna posibilidad de contradecir al agente que denuncia el hecho? ¿Hay pruebas técnicas suficientes para hacerlo como audios o vídeos? Si no hay nada de esto ¿Qué sentido tiene prolongar la situación crítica? Resulta peor cualquier intento de justificar la irregularidad cometida, sólo acrecienta la crisis.

Otro factor a analizar es quien es el autor de la crisis: sus orígenes, su trayectoria, su filiación partidista y si comparte o no los valores éticos de la organización a la que sirve.

El aspecto más valioso tiene que ver con los valores de la organización. En situaciones de crisis se presenta la disyuntiva entre hacerlos vigentes o soslayarlos. Es aquí donde, por lo general, se abre la posibilidad de convertir a una crisis en una oportunidad: la de demostrar el ejercicio de los valores.

Como lo señala Eduardo Betancourt en su libro “Gestión estratégica para gobiernos exitosos” los valores permiten un manejo más ético de las situaciones críticas por las que pueda pasar la organización. Los valores, señala, son los “si-si” o los “no-no” de una institución; es decir, marcan lo que la organización debe hacer así el entorno propicie lo contrario y lo que no debe hacer así el entorno lo favorezca.

Cuando los valores son cumplidos a) Se genera confianza en la ciudadanía, b) Establece patrones de conducta internos en la organización y c) Contribuye a elevar la moral colectiva y es elemento indispensable para crear cohesión social.

El incumplimiento de los valores puede generar verdaderas dificultades para cualquier organización en cuanto a confianza. Lo que está de por medio no es cosa menor, se trata de generar la percepción de que en definitiva no todos los partidos o gobiernos son iguales. Y aunque en la realidad sea así, en el ámbito político la percepción es la realidad.

La oportunidad es mayor sobre todo en una coyuntura como la actual en la que la titular del Ejecutivo local se muestra incongruente al hablar de valores y al autodeclararse demócrata cuando, según se ha publicado, está metida en la campaña electoral favoreciendo a sus candidatos e intenta “quebrar” a alcaldes mediante apoyos que debería dar por obligación.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral