sábado, 18 de abril de 2009

Justicia sin venda

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

Sistema arcaico y corrupto

El sistema de justicia que prevalece en el Estado sigue siendo arcaico y las autoridades responsables no dan señales de que impulsarán cambios profundos de fondo y de forma que garanticen eso: justicia.

El símbolo de la justicia que siempre es presentado con una mujer con la vista vendada y una balanza sostenida, ya no representa nada para la sociedad. Todos los días nos enteramos de una injusticia promovida o consentida por quienes deberían procurarla e impartirla.

La injusticia puede originarse en muchísimos factores: en una ley inoperante, anticonstitucional o inconstitucional, en la mala interpretación de buena fe de las normas o de plano en el retorcimiento del derecho con conocimiento de causa, así como de una mala actuación de los litigantes.

Las leyes no siempre consiguen la justicia, ya que las normas son tan complicadas que muchas veces la justicia depende en mucho de tecnicismos que al no ser aplicados se genera una especie de “injusticia legal”. Por ejemplo, cuando una persona pierde algo de su propiedad sólo por no haber promovido en tiempo una demanda o un recurso legal.

Se supone que para eso están los abogados; sin embargo, muchas veces éstos –aclaro que hay sus honrosas excepciones – se dedican a sacar dinero a sus clientes inventando hipótesis y escenarios falsos, favorables o desfavorables, a sabiendas que se trata de un caso perdido o de un asunto fácil magnificado.

¿Y las autoridades qué papel juegan en la maraña de la injusticia? ¿Contamos con policías profesionales que saben hacer su tarea? ¿Hay procuración de justicia? ¿Hay un sistema real de readaptación social o las cárceles son auténticas escuelas del crimen?

Hechos reales encienden de manera alarmante los focos rojos. Veamos algunos casos.

Mucha gente es detenida con el argumento de “obstrucción a la justicia”, “daño en la patrulla”, “portación de armas” que en realidad son inventos de los agentes con tal de detener a alguien.

Una persona, por segunda ocasión, fue detenida por confusión de los agentes de la Policía Judicial. A la que perseguían ya había fallecido. El implicado ya recuperó su libertad, pero ¿Y los días de injusto encierro? ¿Y el daño moral ocasionado? ¿Y la pérdida de su trabajo? ¿Quién repondrá todo esto? Mientras no exista alguna norma que obligue a los agentes a responder de los daños causados por sus actitudes irresponsables, estos casos seguirán repitiéndose con toda impunidad.

No obstante el señalamiento de que los arraigos son inconstitucionales y que vulneran los derechos fundamentales de las personas, la Procuraduría del Estado y los jueces locales siguen promoviéndolos y otorgándolos. Tan que lo saben que, cuando hay un amparo de por medio, la Procuraduría se apresura a consignar a los “arraigados” para modificar su situación jurídica y dejar sin materia el juicio de garantías. Han sido ya muchos los casos de arraigados que finalmente obtienen su libertad por falta de elementos. Así, mucha gente ha sido tildada de ladrona, violadora o asesina sin serlo ¿Es justo?

Funcionarios que han sido sorprendidos en acciones ilegales y en vez de consignarlos obtienen mejores puestos y gozan de impunidad. Recordemos el caso de un ex funcionario estatal. Primero estuvo en la entonces SPV, de donde fue despedido cuando fue acusado de dirigir a un grupo de ex policías que extorsionaba a clandestinos de discos piratas.

No obstante esa grave acusación, al día siguiente de su remoción en la policía, en vez de someterlo a investigación, la gobernadora lo nombró subsecretario de Fomento Agropecuario y Pesquero.

Recientemente fue denunciado por un intento de comprar a alcaldes panistas a quienes les ofreció, a nombre de la gobernadora, apoyos a cambio de que aquéllos hagan ganar al PRI. Nuevamente, y pese a tan terrible acusación tampoco es sancionado ni investigado. ¿Dónde quedó la justicia?

En Yucatán, a la justicia se le cayó la venda. Hoy si distingue y es muy dura contra ciudadanos inocentes y extremadamente frágil contra los corruptos.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

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