Crece la colección de conflictos

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

La justicia ¿está de vacaciones?

No ha acabado el conflicto relacionado con el intento de compra de alcaldes panistas con apoyos oficiales para que hagan ganar al PRI en las elecciones del 5 julio, y aparece otro. Ahora por el secuestro de un ex alcalde de Dzemul a manos de la policía estatal.
La colección de conflictos en el Estado sigue en aumento y cada vez tienden a traslaparse unos con otros. Como una forma de tratar de entender los hechos sobre el asunto de Dzemul, ofrezco una cronología del caso.
8 de mayo de 2009. El ex alcalde de Dzemul, Eduardo Chuc Baas, denuncia públicamente un intento de soborno a cargo de funcionarios del gobierno del Estado para que obtenga un tarjetón de licencia sanitaria para el funcionamiento de su negocio, el mini-súper D´Lalos.
En su declaraciones criticó a la gobernadora de quien dijo “es vengativa con quienes no comparten su visión política”. Agregó que “por no aprobarle sus cuentas en el Ayuntamiento Ivonne me tiene mucho resentimiento”.
Ese mismo día, el mini-súper, ubicado en el fraccionamiento Las Águilas, fue clausurado por la dependencia estatal. La causa: una botella de refresco de cebada perla sin etiqueta que estaba en una nevera y otra botella de miel que tampoco tenía etiqueta.
Al día siguiente, también fue clausurada la agencia “La curva”, propiedad de su suegro. La causa: supuesta violación al horario oficial, pese a que el permiso otorgado por el Ayuntamiento señala lo contrario. De acuerdo con este documento, fechado el 12 abril pasado, la alcaldesa de Dzemul notifica a los propietarios de los establecimientos que el horario de apertura de agencias es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Según acta de verificación y clausura, la visita fue a las 5:10 de la tarde. ¿Dónde está la violación al horario?
10 de mayo. El ex alcalde coloca una manta en su mini-súper que decía: “Clausurado por Ivonne Ortega, por no comulgar con los criterios del gobierno del Estado. En Yucatán, está prohibido hablar para señalar la corrupción". La manta desaparece misteriosamente.
21 de mayo. Tras recibir una supuesta llamada anónima indicando que se habían roto los sellos de clausura colocados al mini-súper, agentes de la SPP y de la policía judicial, comandados por el subprocurador, en una operación poco usual, violan el candado del predio, lo allanan y a rastras sacan a Chuc Baas para llevárselo “detenido”.
Los hechos ocurrieron tomando en cuenta lo siguiente:
a) No hubo denuncia formal, la “detención” de Chuc Baas sólo tuvo como sustento una supuesta llamada anónima.
b) No hubo investigación sobre la autoría del supuesto delito.
c) Por tanto, tampoco había orden de aprehensión
d) Menos existía orden de cateo.
e) Hubo exceso de fuerza policíaca ante un supuesto delito menor.
e) Destacó la actuación personal y directa de un alto funcionario de la Procuraduría de Justicia.
f) Se dice que hubo flagrancia pero al parecer nadie señaló a Chuc Baas, de manera directa y personal, como autor del supuesto delito.
La esposa de Chuc Baas, la señora Bertha Eugenia Xix Chan, intentó denunciar los hechos ante la Procuraduría, pero no pudo con el argumento oficial de que también es “indiciada”.
Cuando se pidió una explicación a la sub-procuradora de Justicia, Ingrid Priego Cárdenas, afirmó que siempre han actuado con base en la ley, que la “detención” de Chuc Baas se trató una “operación de rutina“, y que no sabía que Acosta Solís estuvo presente en el lugar de los hechos.
De acuerdo con versiones de los familiares de Chuc Baas, durante el tiempo que éste permaneció en los separos ocurrieron las siguientes situaciones:
a) Con mucha dificultad les fue aceptado el nombramiento de los defensores
b) La autoridad investigadora tampoco aceptó la solicitud de fianza que presentaron sus defensores
c) Ni los defensores ni los familiares tuvieron acceso al expediente para conocer los pormenores del caso, dejando al acusado en indefensión.
En un comunicado, el PRI justificó la operación policíaca en los siguientes términos: “Para el PRI la obligación de todo gobierno es preservar siempre el estado de derecho”, que el secuestrado es un delincuente que debe ser castigado y que se trata de escándalo inventado por el PAN. Una sentencia y una condena a priori: El afectado es delincuente y debe ser castigado.
En una colaboración anterior comentaba acerca de la “guerra sucia” y el presente caso es muy similar a los suscitados en los regímenes priístas de antaño, cuando el aparato del Estado fue usado para reprimir a la las manifestaciones sociales. ¿Será que la justicia se fue de vacaciones y sigue sin regresar?

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral