Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
El “voto blanco”
Vaya que ha generado polémica la corriente que promueve el ejercicio del “no voto” o “voto blanco”, campaña que, incluso, es impulsada abiertamente por una cadena nacional de televisión.
Es oportuno analizar un poco más a fondo sobre el significado y las consecuencias que traería consigo para los ciudadanos y nuestro sistema político esta inédita tendencia.
La decisión de anular deliberadamente el voto se plantea como una forma de castigo a los políticos, pero en realidad también implica un rechazo al sistema político vigente.
Analicemos este asunto desde los siguientes enfoques:
a) Desde el ámbito doctrinario
b) Desde el punto de vista constitucional
c) Desde la óptica de la realidad
Desde el punto de vista doctrinario. Democracia liberal, según Walter L. Bernecker, autor de Transición Democrática y Anomia Social, es aquella que reúne factores mínimos como: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas.
Con base en lo anterior, la democracia –poder del pueblo- implica: gobierno con representantes electos y el cumplimiento del Estado de derecho.
El “no voto” o “voto en blanco” es una negación a elegir. Luego entonces, si la gente se abstiene a votar o anula su voto, no contribuye a dar vigencia al inciso c) sobre el concepto de la democracia. El Estado de Derecho es requisito indispensable para la democracia, por tanto, como ciudadanos debemos acatar lo que señala la Constitución.
Desde el punto de vista constitucional. La anulación deliberada del voto es un acto que no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni como obligación ni como prerrogativa. En cambio el ejercicio del sufragio sí está contemplado en los artículos 35 y 36 de la Carta Magna, como derecho y también como deber ciudadano.
El artículo 36 de la Constitución Federal indica que “Son obligaciones del ciudadano de la República: III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley”. Y el artículo 4 de la norma reglamentaria, que es el COFIPE, indica que “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. Lo anterior significa que el voto necesariamente tiene que ser para decidir sobre la integración de los poderes públicos.
En concordancia el artículo 39 de la máxima ley mexicana indica que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo. Y el 41 señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
En México, nos guste o no así está establecido nuestro sistema político. Quienes promueven la anulación del voto para rechazar a los políticos, también están promoviendo el rechazo al sistema político. La democracia no sólo es la participación y la decisión libre de cada ciudadano, sino también implica el cumplimiento del Estado de Derecho.
Desde la óptica de la realidad. Anular el voto, en primera instancia es renunciar a una lucha de muchos años, sobre todo el caso de las mujeres.
Hoy las leyes no contemplan resultados prácticos de la anulación del voto. ¿De qué sirve que anule mi voto si de todas formas ocuparán los cargos públicos esos mismos que serán repudiados en las urnas y que ya en el poder harán lo que les venga en gana? El “no voto” tendría sentido si trajera como consecuencia la anulación de la elección o de alguna candidatura.
Históricamente, gracias al abstencionismo el PRI siempre gana porque es el que ha mantenido su voto duro a base de dádivas. Si además del abstencionismo, ya de por si grave, se suma el “voto blanco” ¿Qué nos espera? ¿Cuáles serían las consecuencias reales? Permitir nuevamente los carros completos priístas, y, por ende, dejar sin posibilidad la existencia de contrapesos necesarios. De democracia defectuosa pasaríamos a una oligarquía de facto o una dictadura igual que en los tiempos de Díaz Ordaz, Luis Echverría, López Portillo, etc. Así, el “no voto”, de ser un castigo a los políticos podría revertirse como un autocastigo social. Arma de doble filo.
También hay que reconocer que los políticos y los partidos tendrán que cambiar sus esquemas para impulsar una auténtica democracia sin demagogias, sin populismos, sin promesas falsas o imposibles de cumplir. Es menester que los ciudadanos dejen de ser para los políticos simples números en encuestas o en recuento de votos. No hay que descartar la posibilidad real de que el voto blanco sea adoptado en las leyes mexicanas como una manera de dar mayor poder a la sociedad.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
El “voto blanco”
Vaya que ha generado polémica la corriente que promueve el ejercicio del “no voto” o “voto blanco”, campaña que, incluso, es impulsada abiertamente por una cadena nacional de televisión.
Es oportuno analizar un poco más a fondo sobre el significado y las consecuencias que traería consigo para los ciudadanos y nuestro sistema político esta inédita tendencia.
La decisión de anular deliberadamente el voto se plantea como una forma de castigo a los políticos, pero en realidad también implica un rechazo al sistema político vigente.
Analicemos este asunto desde los siguientes enfoques:
a) Desde el ámbito doctrinario
b) Desde el punto de vista constitucional
c) Desde la óptica de la realidad
Desde el punto de vista doctrinario. Democracia liberal, según Walter L. Bernecker, autor de Transición Democrática y Anomia Social, es aquella que reúne factores mínimos como: a) Inclusión de la ciudadanía, b) Libertad de Asociación y de Información, c) Gobierno con representantes electos, responsables y controlables, d) Reconocimiento de los derechos humanos y cívicos, e) Garantías del Estado de Derecho y f) Elecciones libres y honestas.
Con base en lo anterior, la democracia –poder del pueblo- implica: gobierno con representantes electos y el cumplimiento del Estado de derecho.
El “no voto” o “voto en blanco” es una negación a elegir. Luego entonces, si la gente se abstiene a votar o anula su voto, no contribuye a dar vigencia al inciso c) sobre el concepto de la democracia. El Estado de Derecho es requisito indispensable para la democracia, por tanto, como ciudadanos debemos acatar lo que señala la Constitución.
Desde el punto de vista constitucional. La anulación deliberada del voto es un acto que no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni como obligación ni como prerrogativa. En cambio el ejercicio del sufragio sí está contemplado en los artículos 35 y 36 de la Carta Magna, como derecho y también como deber ciudadano.
El artículo 36 de la Constitución Federal indica que “Son obligaciones del ciudadano de la República: III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley”. Y el artículo 4 de la norma reglamentaria, que es el COFIPE, indica que “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. Lo anterior significa que el voto necesariamente tiene que ser para decidir sobre la integración de los poderes públicos.
En concordancia el artículo 39 de la máxima ley mexicana indica que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo. Y el 41 señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
En México, nos guste o no así está establecido nuestro sistema político. Quienes promueven la anulación del voto para rechazar a los políticos, también están promoviendo el rechazo al sistema político. La democracia no sólo es la participación y la decisión libre de cada ciudadano, sino también implica el cumplimiento del Estado de Derecho.
Desde la óptica de la realidad. Anular el voto, en primera instancia es renunciar a una lucha de muchos años, sobre todo el caso de las mujeres.
Hoy las leyes no contemplan resultados prácticos de la anulación del voto. ¿De qué sirve que anule mi voto si de todas formas ocuparán los cargos públicos esos mismos que serán repudiados en las urnas y que ya en el poder harán lo que les venga en gana? El “no voto” tendría sentido si trajera como consecuencia la anulación de la elección o de alguna candidatura.
Históricamente, gracias al abstencionismo el PRI siempre gana porque es el que ha mantenido su voto duro a base de dádivas. Si además del abstencionismo, ya de por si grave, se suma el “voto blanco” ¿Qué nos espera? ¿Cuáles serían las consecuencias reales? Permitir nuevamente los carros completos priístas, y, por ende, dejar sin posibilidad la existencia de contrapesos necesarios. De democracia defectuosa pasaríamos a una oligarquía de facto o una dictadura igual que en los tiempos de Díaz Ordaz, Luis Echverría, López Portillo, etc. Así, el “no voto”, de ser un castigo a los políticos podría revertirse como un autocastigo social. Arma de doble filo.
También hay que reconocer que los políticos y los partidos tendrán que cambiar sus esquemas para impulsar una auténtica democracia sin demagogias, sin populismos, sin promesas falsas o imposibles de cumplir. Es menester que los ciudadanos dejen de ser para los políticos simples números en encuestas o en recuento de votos. No hay que descartar la posibilidad real de que el voto blanco sea adoptado en las leyes mexicanas como una manera de dar mayor poder a la sociedad.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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