Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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Yucatán será el primero
El próximo año será de intensa actividad electoral en buena parte del territorio nacional y Yucatán, nuevamente, como ocurrió hace ya casi tres años, será el que marque el inicio de 14 jornadas comiciales.
Hasta ahora, según versión preliminar del calendario oficial, en tres fechas, se llevarán esos 14 comicios en igual número de estados, en las que estarán en disputa 2,020 cargos públicos entre gobernadores, diputados y presidentes municipales.
En 11 procesos serán elegidos igual número de candidatos a gobernadores en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo Tlaxcala.
En los 14 comicios serán electos 296 candidatos a diputados de mayoría relativa y 189 de representación proporcional. En los únicos estados en donde no habrá elección a gobernador son Yucatán, Chiapas y Baja California.
De las 14 jornadas previstas en 13 serán electos 1,524 candidatos a alcaldes. Sólo en Hidalgo habrá elecciones para gobernador y diputados pero no de presidentes municipales. Esto significa que en el 63% de los 2,438 municipios de México habrá elecciones.
Hasta ahora, las fechas de las jornadas serían las siguientes: la primera el 16 de mayo de 2010 en Yucatán. Posteriormente, el 4 de julio, se verificarán 12 procesos electorales y, finalmente, el 3 de octubre se realizarán las elecciones a alcaldes y diputados en Chiapas.
La mayor cantidad de puestos en disputa se concentran en cinco estados: Oaxaca, 615; Veracruz, 263; Puebla, 259; Chiapas, 158, y Yucatán 131.
El mayor número de candidatos a diputados está en Veracruz con 50 (30 de mayoría y 20 plurinominales), le sigue Oaxaca con 44 (27 y 17), Sinaloa con 42 (24 y 18), Puebla con 41 (26 y 15), y Chiapas con 40 (24 y 16). En este caso Yucatán y Baja California, ambos con 25, son los que menos candidatos a diputados tendrán.
El mayor número de candidatos a presidentes municipales corresponde a Oaxaca con 570, después están Puebla con 217, Veracruz con 212, Chiapas con 118 y Yucatán con 106. En Hidalgo, como ya se indicó, no habrá elecciones municipales y en Baja California sólo cinco candidatos estarán en disputa. Sólo Oaxaca concentra el 23% de los municipios de México y el 37% de los que tendrán procesos en 2010.
De acuerdo con la versión preliminar del calendario, Yucatán habría sido el último en reglamentar las precampañas ya que aparece la leyenda “No reguladas”.
En todos los demás lugares se indican las fechas y los períodos que tardarán las precampañas: en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Chihuahua y Aguascalientes todos los procesos ya iniciaron o iniciarán en diciembre de este mismo año. En los demás, comenzarán entre enero y febrero.
Llama mucho la atención la divergencia existente en los períodos para la toma de posesión de las autoridades que resulten electas. En Yucatán entre las elecciones y la toma de posesión hay mes y medio: del 16 de mayo al 1 de julio.
En otros estados como Tlaxcala el período es mucho más amplio: del 4 de julio al 15 de enero de 2011 para ayuntamientos y gobernador; es decir, casi seis meses después. No obstante que son 12 elecciones previstas para el 4 de julio, las fechas de toma de posesión son muy diferentes.
De acuerdo con información recabada en portales de periódicos de algunos de los estados donde habrá elecciones como en Tamaulipas, por ejemplo, la fecha de la jornada, prevista para el 4 de julio de 2010, podría cambiarse a noviembre de ese mismo año a consecuencia de una reforma estatal.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
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Es cierto que las relaciones humanas están en constante cambio y que el devenir impone la necesidad de actualizar de manera permanente las normas jurídicas, de modo que se adapten a la realidad imperante.
Hoy día existen muchas normas totalmente obsoletas que permanecen rezagadas, de tal suerte que ya no estarían garantizando una mejor convivencia entre los ciudadanos.
Lo que realmente nos debería mover a la reflexión es la complejidad que registra año con año nuestro sistema jurídico y si nuestro sistema jurídico-político es o no eficaz.
Y así como hay rezagos graves, a veces presumimos de supuestos avances jurídicos en nuestra legislación. Pero la realidad de las cosas es que mientras más complejas sean las normas de convivencia se hacen más evidentes las enormes debilidades en nuestras formas de comportamiento.
Muchos nos preguntamos ¿por qué se instituyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de los estados? Simple, por las constantes violaciones a los derechos fundamentales de las autoridades.
¿Por qué los institutos de transparencia? Por la incapacidad de las autoridades de ser transparentes sin necesidad de que sean obligadas a ello.
¿Por qué tantos candados a la credencial de elector? ¿Por qué se instituyeron los delitos electorales? ¿Por qué ahora habrá instancias fiscalizadoras a los partidos? ¿Por qué ahora se regulan los topes de campaña? ¿Por qué ahora sí se regularán las precampañas?
Esa gran complejidad jurídica obedece a la necesidad de establecer mecanismos coercitivos para intimidar y/o, en su caso, castigar a quienes han faltado las normas mínimas de convivencia: respeto y honradez.
Si las autoridades respetaran a los ciudadanos en sus derechos más elementales ¿Habría necesidad de una Comisión de Derechos Humanos? Si las autoridades ejercieran con honestidad los recursos ¿Habría necesidad de institutos sobre transparencia? Si no hubiera trampas electorales ¿Habría necesidad de credencial con foto y tantos otros candados y mecanismos de castigo?
Lo terrible del asunto es que ni siquiera mediante la creación de más leyes y de más instancias han dejado de existir violaciones. Lo que demuestra que la solución a los graves problemas de convivencia humana no está en la generación de más normas, está en la falta de educación.
¿Cómo nos explicamos que, por ejemplo, en países desarrollados los periódicos se expenden sin voceadores y los consumidores pagan lo correcto sólo toman un solo ejemplar? ¿Sería eso posible en México y en Yucatán?
Por lo general, en las elecciones constitucionales la gente se fija más en los puestos ejecutivos por encima de lo que representan los cargos legislativos. Uno de los argumentos más sólidos se funda en el hecho de que los primeros quedan en manos de personas que administran directamente el dinero público y tienen la responsabilidad directa de promover el desarrollo de una comunidad.
De ahí que las elecciones intermedias, sobre todo cuando se trata únicamente de legisladores, sean consideradas de “baja visibilidad”; es decir, de poco interés para los electores y, por tanto, de baja votación.
En cambio, cuando están en disputa la Presidencia de la República, las gubernaturas y los ayuntamientos el interés y, por ende, la votación crece de modo significativo.
Se trata de una cuestión cultural, sobre la cual valdría la pena recalcar acerca de las causas por las cuales se produce la apatía entre los electores.
Esta misma situación o condición de indolencia también se refleja en las encuestas en las que ningún legislador, sin importar colores, ha salido bien librado. Me ha tocado ver algunos sondeos locales y nacionales en donde, de entrada, el 99% de los encuestados responde que “no conoce a sus legisladores”.
Ambas mediciones, una directa y otra probabilística, confirman que a la gente le interesa muy poco lo que hacen o dejan de hacer los legisladores, quienes técnicamente son consideradores como “representantes del pueblo”, aunque en realidad sólo actúan con base en lineamientos partidistas. Prueba de esto es que se refieren a ellos como “el diputado del partido Y ó X”. Seguramente hay sus honrosas excepciones, pero la generalidad es ésta.
Es importante que los ciudadanos comiencen a hacer conciencia sobre la trascendencia que implica la labor legislativa, ya que si bien las autoridades ejecutivas-administrativas ejercen directamente el dinero, desde el legislativo se deciden los presupuestos, aumentos a los impuestos y los millonarios endeudamientos, sólo por mencionar algo.
Por ejemplo, el endeudamiento por $1,870 millones pasó mediante “fast track” en el Congreso local, sin explicación sobre el destino real de esos recursos. Nadie sabe, nadie supo. ¿Y los “representados”?
En menos de siete meses habrá elecciones municipales y legislativas locales, y valdría la pena que desde ahora los yucatecos y los meridanos estemos alertas acerca de quiénes serán postulados como nuestros “representantes”.
Según un documento del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, se han hecho estudios que han identificado ciertos estándares en la actuación de los legisladores.
El documento señala que en el actuar legislativo se han identificado "siete pecados capitales": 1. Emitir votos contradictorios o en perjuicio de los electores, o faltar a las votaciones importantes; 2. Hacer viajes a costa de los contribuyentes; 3. Votar en favor de un aumento de su propio sueldo; 4. Votar por impuestos nuevos o más altos; 5. No vivir en la división electoral cuando la han representado; 6. Estar involucrado en algún escándalo, y 7. No terminar su encargo para irse a otro, para no quedarse “fuera de la jugada”.
Por ello, hoy día, la tendencia de los partidos es imponer como candidatos a personas que no tengan antecedentes en puestos públicos porque seguramente directa o indirectamente serán blanco de algún señalamiento.
El mismo documento indica: “Hacer investigación negativa es más fácil si se trata de un candidato con gran trayectoria política que de un recién llegado a la arena pública. Nunca subestime la capacidad de los políticos y funcionarios de decir y hacer cosas increíbles y estúpidas, sólo hay que buscarlas en los archivos, registros, hemerotecas y bibliotecas. Hoy, muchas campañas políticas son ganadas dentro de las bibliotecas y, cada vez más, frente a las computadoras”.
Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
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