Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
Es importante que como ciudadanos nos detengamos a reflexionar en torno a las actuaciones y las actitudes de quienes dicen gobernarnos, para conocer cuáles son sus intenciones y cuáles son los beneficios o perjuicios que causan.
Es correcto protestar contra algo o contra alguien como parte de las libertades que tenemos, pero no debemos perder de vista que los derechos de cada quien acaban en donde comienzan los de los demás.
En el transcurso de la semana que termina se llevaron al cabo dos protestas pero con diferencias sustanciales: el juicio popular contra la titular del Ejecutivo y el paro en el transporte público.
El juicio popular fue gestado por ciudadanos como una manera de protestar contra el despilfarro y la frivolidad de quien hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo. El veredicto, ante hechos tan notorios, fue contundente: que esta persona se aleje de la farándula y se ponga a trabajar para todos.
El paro en el transporte es gestado con un interés partidista, como una medida electorera y con intenciones manipuladoras, ya que quienes abanicaron esta medida son los mismos que pretendieron aparecer como solidarios de los ciudadanos afectados, y son los mismos que debieron actuar para evitar los perjuicios.
En el juicio popular la autoridad negó el permiso a los ciudadanos para hagan el evento en la Plaza Grande con el alegato de un supuesto concurso sacado de la manga, mientras que en el paro al servicio de transporte la autoridad no hizo ni siquiera el mínimo intento de poner en orden a los infractores, lo que dejó entrever que hay una complicidad entre las autoridades y el promotor del paro.
En el juicio popular contra la señora Ortega no se afectó a ciudadano alguno en cuanto a servicios o vialidad. El paro se llevó al cabo en detrimento de miles de ciudadanos. Se olvidan los transportistas que son precisamente los usuarios de sus servicios a quienes les deben absolutamente todo lo que tienen. Sin usuarios los transportistas se mueren.
Cuando la señora Araujo Lara habló sobre el paro en el transporte aseguró: no puedo impedir el derecho de manifestación” ¿Entonces porqué negó el permiso para la Plaza Grande?
Al igual que la señora Araujo, la señora Ortega quien en vez de hacer valer sus facultades para garantizar el servicio a los ciudadanos, como es su obligación, salió con una postura nada creíble: la de “solidarizarse” con los ciudadanos.
“Yo pongo mi camioneta y doy la gasolina”. Con todo respeto hay que recordarle que ni es su camioneta ni es su gasolina, ya que estos son bienes públicos adquiridos con el dinero de todos los que pagamos impuestos.
El juicio popular no nos costó nada a los ciudadanos porque se pagaron con recursos propios de los organizadores, en tanto que el paro en el transporte nuevamente sin consentimiento de nadie, se utilizaron nuestros recursos para promover el “lucimiento” de los verdaderos orquestadores de la medida.
Si en verdad las señoras Araujo y Ortega quieren mostrarse solidarias con los ciudadanos que resuelvan todos los conflictos que han generado en Mérida y en Yucatán.
Si estuvieran preocupadas por los ciudadanos no habría empresarios amparándose contra el alza de impuestos, tampoco ciudadanos pidiendo citas con el corazón en mano para acabar con una incertidumbre, y no se suscitarían casos de corrupción y desvío como ocurre en Fomento Agropecuario, sólo por mencionar algo.
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