Al cumplirse los dos primeros meses de la represión contra ciudadanos que ejercían su derecho a disentir por el mal uso de los recursos públicos; es decir, de su propio dinero, el balance arroja muchas sombras pero también muchas luces.
Una paradoja auténtica, pues mientras más negras y más profundas son las sombras, las luces tienden a ser más claras. Las sombras, por supuesto, están del lado de las autoridades locales que forman parte de un sistema que se presentó electoralmente como la “renovación del Siglo XXI” pero sólo en el “photoshop”, es decir, sólo en la apariencia porque en los hechos la realidad es diferente.
Desde el punto de vista político. La represión del 4 de julio fue la consecuencia de una absoluta pobreza de oficio político. El político–no el “grillo”- sabe escuchar y entiende que el diálogo y el consenso son sus únicas armas que tiene a la mano para gobernar con armonía. En el presente caso lo que prevaleció fue la cerrazón y la imposición, es decir, la sordera y la ceguera.
El político actúa con valores y lo que ha prevalecido, a dos largos meses de la represión, son intentos de manipulación y de culpar a los agredidos de sus agresiones a pesar de las tantas evidencias gráficas que colocan a las autoridades como mentirosas. No hay visos de humildad de admitir, por lo menos, que se les pasó la mano. Lo mínimo que debieron hacer es ofrecer una disculpa pública a la sociedad, pero la soberbia ha podido más. Política muerta.
Desde el punto de vista legal. La imposición de la obra pasó por la violación de numerosas normas federales, locales y municipales. Se violaron derechos fundamentales de las personas y otras normas constitucionales como las que imponen a la autoridad la obligación de resguardar el orden público y de proteger la integridad de los ciudadanos. Se cometió el delito de abuso de autoridad al no prestar el auxilio de manera oportuna, como lo establece el Código Penal local, y los autores materiales gozaron y siguen gozando de impunidad. También se violó el derecho a la información con la destrucción de las vallas informativas del Diario. Todo sigue en la impunidad.
Desde el punto de vista institucional. Es sumamente grave el que las instituciones sigan desactivadas para restablecer el Estado de Derecho. Del 4 de julio a la fecha, todas quedaron “ciegas y sordas”. La SSP asegura que nunca se enteró de la golpiza pese a las peticiones de auxilio. El C4, cuyo representante estuvo ahí, pero nomás mirando. La Fiscalía estatal sólo ha consignado tres expedientes. El Poder Judicial no tiene para cuando determinar si emitirá o no órdenes de aprehensión y quien sabe contra quien: agresores o agredidos. Y para colmo de colmos, Derechos Humanos ni mencionó los hechos en su informe anual. Instituciones nulificadas.
Las luces, quizá incipientes, pero cada vez más claras e intensas, se observan en el despertar cívico de muchas personas que hasta algún tiempo no se manifestaban como ahora. Arquitectos, empresarios, estudiantes, profesionales, amas de casa, periodistas, comerciantes, investigadores, etcétera, se han solidarizado con las víctimas de la represión.
Es claro que las autoridades locales le apostaron al olvido y estaban seguras de que este asunto sería olvidado en 15 días o un mes, pero ya pasaron dos y sigue tan vigente como desde el primer momento. Y como bien se dijo: “Los golpes pasarán, pero no la indignación”. Indignación que con sordera y ceguera siguen alimentando las autoridades.
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