Las decisiones del Congreso

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco

Master en Comunicación Política y Marketing Electoral

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Fuente de males profundos

Por segunda ocasión en menos de seis meses, integrantes de la sociedad civil presentan una demanda de juicio político contra Angélica Araujo Lara, lo que constituye un hecho nada común, quizá sin precedentes en la historia política de Yucatán.

Hasta donde se recuerda, es la primera vez que ciudadanos promueven dos demandas de juicio político contra una misma autoridad en un tiempo relativamente corto, más aún si consideramos que el período de gestión es de sólo dos años.

La primera petición ocurrió al ser considerada la autora intelectual de la golpiza que gamberros propinaron a manifestantes el 4 de julio de 2011. Ahora la solicitud se basa en la propagación desmedida de ambulantes, sobre todo en el centro histórico. El denominador común en ambos casos son las reiteradas y sistemáticas violaciones a diversas normas, la sordera con que se conduce la autoridad municipal y la afectación social a causa de las decisiones u omisiones.

Muy pronto habremos de agregar otros factores comunes a ambos casos: el desechamiento de la demanda por la mayoría priista en el Congreso y, por ende, la impunidad propiciada por un sistema de justicia, caracterizado por la actuación parcial de instituciones, y la aplicación selectiva de las leyes.

¿Alguien cree que proceda el juicio político contra la comadre de la titular del Ejecutivo? ¿Alguien puede siquiera pensar en la posibilidad de que los diputados rojos atenten contra los intereses personales de quien los puso en ese puesto? Sabemos de antemano cuál será el destino de la nueva petición de juicio político -ojalá me equivoque, pero no lo creo-, conociendo los cánones de la "ola roja", en el que se privilegia la disciplina de estar al servicio de su partido y no de los ciudadanos.

De nuevo serán los diputados quienes bajo la consideración de que son los "representantes populares" a nombre de los ciudadanos tomarán otra decisión bajo consigna electorera.

Esto nos debe llevar a una profunda reflexión: ¿Por qué de nuevo se configurará otro caso de impunidad? ¿Por qué estamos endeudados para los próximos 25 años? ¿Por qué no hay una revisión clara de las cuentas? ¿Por qué tenemos autoridades judiciales que hacen "justicia" a modo o se hacen justicia de manera prepotente? ¿Por qué los organismos supuestamente autónomos como Inaip o Derechos Humanos están en manos de personas que responden a intereses partidistas? ¿Por qué la tolerancia contra quienes rebasan con mucho los presupuestos planteados?

La respuesta es sencilla: porque desde el Congreso se toman las malas decisiones. Porque desde el recinto legislativo ganan siempre los mayoriteos y porque los ciudadanos lo hemos permitido.

No podemos aspirar a lograr cambios profundos, mientras quienes se dicen "representantes populares" sigan tomando decisiones con base en motivaciones partidarias y electoreras.

¿O nos van a decir que los millonarios endeudamientos los aprobaron mediante una acción consciente, pensando en el beneficio de los yucatecos? Supongamos que lo hicieron de "buena fe", y si así fuera, entonces ¿por qué no hacen algo para que los "representados" sepamos a dónde se fue a parar todo el dinero que sigue sin verse en obras?

Es determinante que tomemos conciencia de esta situación y dejemos de ver a los candidatos a diputados como menos importantes que los que tendrán puestos administrativos como la gubernatura o las alcaldías. Son los "representantes del pueblo" los que dan "manga ancha" o amarran las manos a las autoridades ejecutivas, según les convenga. Ahí se cocina la impunidad o la represión. No tengo motivos para creer que ahora sí actuarán escuchando a los ciudadanos.- Mérida, Yucatán.