Master en Comunicación Política y Marketing Electoral
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Daniel Jesús Carrillo
Polanco
A dos años de la represión
El próximo jueves se
cumplen dos años de que ocurrió un acto de barbarie en Mérida, en un punto de
la ciudad que sólo una mente con visión absurda pudo denominar como “Glorieta
de la paz”.
Un hecho sumamente lamentable
que manchó de sangre a nuestra querida Mérida, y que hasta el día de hoy, pese
a las evidencias en fotos, vídeos, testigos presenciales, y denuncias, el caso sigue
en la absoluta impunidad.
Y seguirá así como una
prueba determinante de que el sistema de administración de justicia estando en
manos del PRI-Gobierno no es para los ciudadanos, sino para proteger a sus huestes,
como efectivamente ha ocurrido.
La impunidad ha sido no sólo
para los gamberros golpeadores quienes ejecutaron órdenes -porque es obvio que
no actuaron por cuenta propia-, sino también para los autores intelectuales.
En un escrito que dirigió
al Diario la ex alcaldesa priista, quien ha sido señalada una y otra vez de
manera pública como autora intelectual de los hechos, se limitó a señalar lo
siguiente:
“En cuanto a los
lamentables hechos de la glorieta de la Paz, es pertinente recordar que en
nuestro Estado de derecho el que acusa tiene la obligación de probar, por lo
que quien presuma tener evidencias de cualquier acción ilegal debiera acudir a
las instancias correspondientes a fin de aportarlas, pues de lo contrario
caería en complicidad o cuando menos en difamación”.
Es fácil salirse por la
tangente pidiendo que se presenten pruebas y se denuncie, y más para quien
tiene la seguridad de que la “administración de justicia” está de su lado. Al
respecto, es importante recordar, pues la amnesia está presente, los siguientes
hechos.
El lunes 25 de julio de
2011, el Diario de Yucatán publicó: “En las denuncias penales sobre la violenta
represión del 4 de julio la presidenta municipal, Angélica
Araujo Lara, es señalada como una de las responsables del hecho, pero la
Fiscalía rehusó asentarlo en el acta, a pesar de la insistencia de los
denunciantes, dijo el agredido Alberto Arjona Ordaz, uno de los agredidos e
integrante del Frente Cívico Familiar”.
Arjona Ordaz expuso: “También solicité, infructuosamente, poner en el acta que hubo tentativa de homicidio, pues vehículos de la Comuna, con los colores y emblema de esta administración, se lanzaron contra nosotros”.
¿Así o más claro sobre la terrible y parcial actuación de la Fiscalía?
Arjona Ordaz expuso: “También solicité, infructuosamente, poner en el acta que hubo tentativa de homicidio, pues vehículos de la Comuna, con los colores y emblema de esta administración, se lanzaron contra nosotros”.
¿Así o más claro sobre la terrible y parcial actuación de la Fiscalía?
Otro hecho que comprobó la
parcialidad en el sistema de “justicia” fue la negativa de proceder contra
Araujo Lara cuando, el 8 de agosto de 2011, la Comisión Permanente de Puntos
Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó por mayoría
priista, con 5 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que desechó la
solicitud de juicio político contra Araujo Lara. Hay cientos de pruebas (fotos,
vídeos y audios) y denuncias, lo que no existe es la administración de
justicia, que ni siquiera hicieron el intento de valorarlas.
Si durante la agresión, que
ocurrió en un lapso de 15 horas, no se activó de modo deliberado el “sistema de
justicia priista”, era más que obvio que después menos lo iba a hacer.
Mientras el PRI siga en el
poder, lo más seguro es que siga la impunidad jurídica, pero ni la señora
Ortega ni la señora Araujo podrán escapar del juicio popular.
Podrán seguir en su
postura de que son inocentes y no tuvieron nada que ver con las agresiones, incluso
podrán ser eximidas por su sistema de “justicia”, pero son los ciudadanos quienes
tienen el juicio final, y ya las han declarado responsables intelectuales de la
agresión. Y me parece que así quedará para la historia y durante toda su vida.
